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Trata de niños indígenas, un delito solapado y normalizado en Chiapas (En la Mira) Héctor EstradaEs un delito que durante décadas ha crecido de manera silenciosa ante la vista de muchos y la indiferencia de otros tantos que lo han “normalizado” como parte de la escena urbana en calles y espacios públicos de la entidad. La trata de niños y niñas en Chiapas es un problema que cada día arrebata la infancia a miles de menores de edad convertidos en mercancía, elementos de explotación laboral y “carnada redituable” para la mendicidad.

La situación geográfica de Chiapas como paso fronterizo entre México y Centroamérica, la pobreza y el rezago social de los pueblos indígenas se han convertido en “caldo de cultivo” para hacer de la trata infantil en Chiapas un delito que se ha expandido durante sexenios enteros sin control.

De acuerdo al más reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en la entidad chiapaneca poco más de 153 mil niños y niñas -de entre 1 y 12 años- trabajan en actividades no aptas para su edad. Gran parte de ellos sin acudir a las escuelas, exponiéndose en labores de alto riesgo.

No es un delito fácil de perseguir. La mayoría de los casos se esconden bajo la “careta” de familias indígenas que salen a trabajar juntos a las calles, de niños y niñas que trabajan junto a sus supuestos padres en la venta de dulces, artículos artesanales y la mendicidad “amigable” de pequeños que piden monedas a cambio de caramelos, recuerdos y una simple sonrisa.

Es una escena habitual que, aunque no deja de doler y provocar indignación, pocas veces genera sospechas y mucho menos se convierte en denuncias formales. Aplicar investigaciones contra cada familia indígena que trabaja en las calles o ejecutar operativos policiacos para impedir el trabajo de los menores de edad en la vía pública (con los procedimientos de aseguramiento y resguardo institucional) no sólo se convertiría en un escándalo, sino también en una inobjetable violación a Derechos Humanos.

Así de complicado es el asunto. Por eso las denuncias formales para aportar indicios sobre un posible delito de trata (como la aglomeración anormal de niños en una casa habitación, o datos similares) son tan importantes. Sin denuncia difícilmente se puede proceder penalmente. Ahí lo relevante del aseguramiento conseguido esta semana por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), con el rescate de 23 menores de edad en San Cristóbal de las Casas y la detención de tres mujeres, presuntas tratantes.

La trata de infantes en Chiapas es bastante compleja y más extensa de lo que se piensa. Muchos de los menores sustraídos son escondidos en comunidades indígenas e incluso son trasladados a otras entidades para su explotación lejos del lugar de desaparición. Apenas a finales del año pasado 10 niños indígenas chiapanecos fueron asegurados en Tampico, Tamaulipas, como parte del desmantelamiento de una red de trata infantil en la entidad.

Según la fiscalía tamaulipeca el 95 por ciento de los niños rescatados en aquella entidad proceden de Chiapas. Casos similares han sido reportados en Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo, entre otras entidades, donde los rostros de niños y niñas indígenas se han vuelto más comunes en las calles y espacios públicos de sus principales ciudades.

Justo durante este mes, en el marco del “Día Mundial contra la Trata”, la Coordinación de Prevención y Participación Ciudadana de la FGE realizó una serie de conferencias virtuales donde asumió la magnitud del problema y advirtió a las familias sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información como nuevo medio facilitador de los delitos contra niñas y niños en la entidad. Las redes sociales se han convertido no sólo en jugosos canales de comercio infantil desde entidades como Chiapas, sino también en puertas abiertas para acceder a menores de edad sin supervisión de adultos.

Ante ello, desmantelamientos de redes de trata infantil, tan importantes como la ocurrida el pasado 17 de julio en San Cristóbal de las Casas, resultan piezas clave para hilar nexos con estructuras delictivas aún más grandes, a fin de abrir nuevas posibilidades para la localización de niños como Dylan, desaparecido hace más de 25 días en las inmediaciones de Merposur, que representa sólo el caso más conocido de otros tantos que ya se encuentran bajo investigación sin los reflectores mediáticos.

La trata infantil es un tema complejo que requiere de la participación ciudadana y las denuncias formales para combatir a tan despreciable negocio ilícito, muchas veces bajo la complicidad de los propios padres. El aseguramiento de los 23 niños y niñas en San Cristóbal de las Casas es un hecho que da gusto, que exige castigo, pero que lamentablemente sólo representan una pequeña muestra de un número mucho más extenso de niños y niñas que aún están a la espera de ser rescatados para recobrar su infancia… así las cosas.