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CIDH tras Proactiva Veolia por sospechosa muerte de pobladores La contaminación provocada por el relleno sanitario de la empresa Proactiva, ahora Veolia, y sus efectos letales contra la población, parecen estar subiendo de nivel ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace sólo unos días anunció el inicio del proceso de admisión para un caso tan controversial y plagado de corrupción como ese.

Ya en abril de 2019 la Comisión Interamericana había emitido medidas cautelares al Gobierno de México para que iniciara lo antes posible una investigación al respecto y brindara atención a las familias y comunidades afectadas por las sustancias tóxicas derramadas desde el relleno sanitario hacia importantes afluentes de Tuxtla Gutiérrez y municipio conexos.

Y no es para menos. De acuerdo al expediente que motivó la medida cautelar (número 1498-18), entre 2006 y 2018 alrededor de 21 pobladores del ejido Emiliano Zapata, entre ellos nueve niños, murieron a causa del desarrollo de diferentes tipos de cáncer que pudieran estar relacionados con el uso o consumo de agua contaminada por el derrame de sustancias tóxicas emanadas desde el relleno sanitario.

Lo que ha sucedido con el caso Proactiva-Veolia durante los últimos años no es asunto menor. La corrupción, complicidad e ineficacia de administraciones municipales a lo largo de más de 13 años han llenado de impunidad a la empresa que no sólo se ha enriquecido gracias a un millonario contrato amañado, sino también ha dejado una lastimosa factura de daño ambiental y muerte que sigue sin resolverse.

Proactiva llegó a Tuxtla el 15 de junio de 2006 cuando el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en ese entonces a cargo de la presidenta municipal interina Rosario Pariente Gavito, consumó el Contrato de Prestación de Servicios bajo condiciones de evidente desventaja para el municipio tuxtleco. Fue un asunto previamente negociado y priorizado por el entonces ex alcalde Juan Sabines Guerrero.

Desde ese momento los detalles del contrato fueron guardados en el más profundo de los hermetismos. Se trató de un acuerdo a todas luces desproporcionado por un plazo de 20 años y un pago de 11 millones de pesos mensuales, además de una multa por rescindirse de manera anticipada (sin argumento alguno) que ascendía a casi mil millones de pesos.

Jaime Valls Esponda, Yassir Vázquez y Samuel Toledo Córdova se convirtieron en cómplices de la consumación contractual, dejando comprometida a la capital chiapaneca, “amarrada” a la irregular y nociva operación de una empresa ecocida que finalmente terminó “arrodillando” a las posteriores administraciones de Fernando Castellanos y Carlos Morales Vázquez.

Se trata de un problema bastante conocido en Chiapas. Las denuncias de ambientalistas, pobladores y particulares sobre la evidente contaminación provocada por la empresa Proactiva-Veolia se han acumulado ante la omisión y complicidad de gobiernos que primero prometen detener los daños y luego guardan sospechoso silencio. Ojalá esta vez la intervención de un organismo internacional sea lo que finalmente haga que la justicia llegue a este controversial caso… así las cosas.