Aunado a la precaria situación y vulnerabilidad que hoy enfrentan cientos de familias desplazadas en Chiapas, los sospechosos errores en procedimientos administrativos al interior de la Comisión Estatal de los derechos Humanos (CEDH) han encendido las alarmas dentro de la Coordinadora de Personas Desplazadas debido a la posible dilación intencional de los procesos para resolver su conflicto.
Este martes la Coordinadora emitió un comunicado donde evidenció la entrega de documentos oficiales sin los sellos correspondientes. Se trata de la Recomendación 04/2020 que fue entregada el pasado sábado 6 de junio a las y los representantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, después de que estos permanecieran 29 horas al interior del edificio de la CEDH. Sin embargo, la documentación no evidencia registro alguno de los sellos de las autoridades a las que va dirigida.
Además de la irregularidad de los sellos, el documento aparece fechado en abril, a pesar de haber sido entregado el pasado sábado 6 de junio. Y es que no se trata de presuntos errores administrativos sin importancia. Dicha irregularidad podría significar que la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ayuntamiento de Ocosingo ni siquiera hayan sido notificados por la CEDH sobre la emisión del documento.
Y no es para menos. La recomendación es parte esencial de la atención a las familias desplazadas, pues insta a la Secretaría General a garantizar las ayudas humanitarias consistentes en alimentación suficiente, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, saneamiento, servicios médicos, educación obligatoria y atención psicológica para mitigar el sufrimiento generado por el desplazamiento forzado de su comunidad.
Asimismo, se recomienda a la dependencia estatal la implementación de medidas que permitan garantizar el retorno digno y seguro de las personas en situación de desplazamiento, en la medida de lo posible, asegurando la reparación del daño y la recuperación plena de sus bienes. Y, en caso de que el retorno no sea posible, se otorgue a la comunidad la indemnización correspondiente a la restitución de sus bienes.
En el documento recomienda además el registro de las víctimas en la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas para que puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Mientras tanto, a la FGE se pide la integración de carpetas de investigación para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, así como la apertura de un Procedimiento Administrativo que permita sancionar a los funcionarios responsables del retardo injustificado en la atención a los expedientes de las personas en situación de desplazamiento.
Cabe precisar que las personas en situación de desplazamiento del ejido Tenango de Ocosingo, Chiapas, se encuentran fuera de su comunidad de origen desde el 23 de enero de 2015 y no han recibido ninguna medida cercana a la reparación del daño. De esta manera, los hechos que dieron origen a su desplazamiento continúan impunes, afectando el acceso a la justicia.
La grave situación de los desplazados en Chiapas es un problema que se ha prolongado por años sin que haya soluciones afectivas que les permitan regresar a casa o acceder a la reparación del daño. Por eso no debe haber espacio a “errores” de procedimiento que, intencionalmente o no, sigan postergando el acceso a la justicia para miles de familias despojadas, sin hogar y olvidadas por un Estado incapaz de resolver esa violencia política que todavía arde por acuerdos vigentes… así las cosas.
