Con más de cuatro millones de pesos destinados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a Chiapas durante 2019, la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad chiapaneca ha demostrado ser un rotundo fracaso. Los casos mujeres asesinadas por la violencia feminicida siguen llenando las listas sin que nadie haya podido hacer algo al respecto.

La AVG no ha tenido efecto alguno en la disminución de la incidencia. Por el contrario, los casos se han incrementado de manera extraoficial, entre una interminable guerra de cifras ministeriales y no gubernamentales. Y es que, pese a lo aterrador de los asesinatos, el tema parece haberse normalizado en el acontecer chiapaneco.

Apenas el pasado domingo el cuerpo de la joven de 20 años Adriana Ávila fue encontrado en el paraje conocido como “Las Mandigas” del municipio de Suchiate. Los policías estatales localizaron sus restos con evidencias de violencia inhumana. El cuerpo de Adriana tenía la blusa completamente desgarrada, sin zapatos y numerosas lesiones provocadas por apedreamiento.

De acuerdo a datos del Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas, en lo que va del año se han registrado 139 muertes violentas de mujeres, 14 casos tipificados como feminicidios, 172 desaparecidas y 54 tentativas de feminicidio.

Chiapas forma parte de la lista de 18 entidades en las que se ha activado la Alerta de Violencia de Género (AVG). De manera precisa, en la entidad chiapaneca la declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación se encuentra enfocada a la atención directa de los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y otros más englobados en la Región Altos, donde la incidencia ha sido alarmante.

Después de una larga espera y solicitudes insistentes por parte de organizaciones feministas para lograr la activación de la AVG en Chiapas, la declaratoria llegó finalmente en noviembre de 2016. Aunque la intención inicial era lograr la declaratoria de alerta para toda la entidad, la activación del programa en los municipios de mayor problemática apuntaba a convertirse en una ansiada puerta de solución ante tan grave situación.

Para activar las estrategias de la Alerta en los municipios de Chiapas, a la coordinación estatal, entonces bajo responsabilidad de María de Jesús Cisneros Novillo, se le asignó un presupuesto de 6.2 millones de pesos. Más de la mitad (3.6 millones) fueron invertidos en programas (talleres o cursos) de capacitación a servidores públicos, de los casi tres millones restantes no existen datos precisos sobre su aplicación o destino.

Se trata pues de una inversión cuyos resultados no parecen haber tenido efectos contundentes en las estadísticas. Y es que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2017 y 2018 se contabilizaron oficialmente 53 crímenes de odio contra mujeres. Tan sólo el año pasado la cifra alcanzó los 23 feminicidios y 596 homicidios dolosos.

Son estadísticas preocupantes que evidentemente no han podido ser combatidas o reducidas de manera efectiva mediante cursos de capacitación a funcionarios impartidos por las mismas organizaciones de siempre. A la coordinación estatal le han faltado estrategias que atiendan la problemática de raíz, como un problema de carácter social y no de simple procuración de justicia.

Las autoridades estatales han dejado de lado la prevención y atención a posibles víctimas, para enfrascarse en la contabilización de casos y la búsqueda de asesinos, sin reparar en que lo realmente importante es evitar que sucedan. Han faltado mecanismos eficientes para generar conciencia sobre la violencia de alto riesgo, brindar atención integral a posibles víctimas y medidas de protección cuando así se requiera.

La AVG en Chiapas se ha convertido en una lucha encarnizada para apoderarse de los recursos públicos, que sólo ha confrontado a las involucradas. Se ha minimizado a la simple disputa por la apropiación de costosos talleres o cursos de sensibilización que sólo han servido para enriquecer algunos bolsillos. Se ha dejado de lado su verdadera importancia como estrategia de prevención y acción ante una contingencia que necesita más compromiso y menos luchas de poder y egolatría.

Resulta evidente que la estrategia de la AVG en Chiapas ha fracasado; que los cursos de capacitación, cuyas pruebas de aplicación se reducen a evidencias fotográficas (que no garantizan su verdadera aplicación) no han servido de mucho y se requiere de un replanteamiento urgente que de verdad incida en la reducción de la incidencia mediante estrategias verdaderamente eficaces... así las cosas.