Se han cumplido tres años desde que el terror paramilitar, alimentado por el “gobierno verde” en Chiapas, los obligó a dejar sus hogares, y hasta el momento no han podido regresar a casa. Son los desplazados del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, quienes hoy mantienen sus movilizaciones en la capital del país en busca de la invención federal para poner fin a la violencia en sus comunidades de origen.

Han sido tres largos años de campamentos improvisados, movilizaciones constantes, protestas y sufrimiento, sin encontrar todavía solución a una problemática que se agudiza con el paso de las semanas. Se trata de ancianos, mujeres y niños, familias completas, que viven a la espera y la zozobra de no tener un lugar donde rehacer sus vidas.

Para hacer un poco de memoria, Chenalhó se encuentra actualmente inmerso en tres graves conflictos relacionados con grupos armados. El primero tiene que ver con la guerra postelectoral generada por la imposición del Partido Verde Ecologista en el gobierno municipal; el segundo por la disputa limítrofe con el municipio de Chachihuitán; y el tercero como resultado de la pelea comunal por predio en discordia con el municipio de Aldama.

En todos estos la presencia e injerencia de la ex alcaldesa Rosa Pérez ha sido crucial. Su ascenso al poder en 2015, impulsada por el poderío económico y gubernamental del Partido Verde, fue combustible suficiente para incendiar al municipio completo. Desde su llegada al gobierno municipal inició un proceso de desarticulación a las estructuras de oposición.

La resistencia no se hizo esperar y Rosa tomó una de las peores decisiones. Para hacer frente a la resistencia de los grupos de choque optó por la conformación y financiamiento de nuevos grupos armados, encargados de “limpiar” a los sectores que se oponen al nuevo “poderío verde”. Y la violencia se desató con mayor intensidad.

La crisis humanitaria que enfrenta esta región de la entidad chiapaneca es un problema que se agudizó con el paso de los año, mientras el gobierno de Manuel Velasco enfocó sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos lastimosos. Nunca hubo capacidad y voluntad real del gobierno para resolver la situación, pero sobre todo para garantizar la seguridad y bienestar de los ¡ desplazados.

El gobierno verde no sólo fue omiso, también desacató una y otra vez las medidas solicitadas por organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Incumplió la minuta de acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno el pasado 19 de septiembre de 2017 en torno a la atención de los más de cinco mil desplazados por los diversos conflictos.

No cumplió con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violencia en ese municipio. Se desentendió por completo de la problemática y el asunto creció hasta niveles lejos del control de las autoridades estatales.

Hoy la lucha ha sido llevada a la Ciudad de México. Este mismo miércoles las familias desplazadas de Chenalhó se manifestaron en la capital del país para exigir solución a una problemática cuyo expediente fue entregado en las manos del ahora presidente de la república, Andrés Manuel Obrador. La esperanza de volver a casa sigue viva, junto a las promesas de una transformación nacional que todavía parece muy lejana a su dolorosa realidad… así las cosas.