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corrupcion

Pese a los anuncios “optimistas” por los cambios que darán pie al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, la lastimosa experiencia en el país deja en claro que de nada servirá la aplicación de reformas y la creación de nuevas figuras legales mientras el combate a la corrupción continúe siendo sólo parte de los discursos y los compromisos superfluos de la clase política.  

Con la casi creíble “convicción” de los legisladores locales para combatir la impunidad entre los servidores públicos, la semana pasada Chiapas se convirtió en la primera entidad que en avalar las modificaciones al Artículo 14 de la Constitución Política de México que permitirá la creación de nuevo sistema anticorrupción en el país.

Y es que, aunque la noticia busca demostrar un aparente compromiso del gobierno y los partidos contra la corrupción, la realidad es que ese cuento no resulta nada nuevo para México. Se trata simplemente de reformas para la creación de una nueva figura conformada por organismos que ya existen y han resultados ineficientes.

Desde hace un par de décadas, la clase política mexicana se ha encargado de crear organismos similares, reiterativos y manipulables que sólo han dejado demostrado ser figuras legitimadoras y protectoras de los más graves casos de corrupción nacional.
Se trata de dependencias como la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y la secretaría del Ejecutivo Federal, además del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana; que justo son los mimos que integrarán el SNA.

Organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ya han advertido que se trata de una reforma “incompleta”, sobre todo en lo que respecta al tema del fuero, pues no toca a figuras como el Presidente de la República, los legisladores, los gobernadores, ni a los presidentes municipales.
La corrupción le cuesta al país aproximadamente el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de transparencia. Los niveles de corrupción de nuestro país son equiparables a los de países como Bolivia, Moldavia y Nigeria.

A nivel América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos; 82 posiciones por debajo de Chile y 34 de Brasil. Además es el país de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor índice de corrupción.

Y en más cifras, el Índice Global de Impunidad 2015 colocó a México en el lugar 58 en un ranking de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo superado por Filipinas.
Son cifras que avergüenzan a México, que se presume como un país de instituciones. Y sí, la República Mexicana es una nación plagada de instancias gubernamentales e instituciones que se crean sólo para cumplir protocolos, acallar voces y deslindar a funcionarios corruptos que al final de cuentas terminan siendo exonerados de toda responsabilidad.

Para muestra los recientes escándalos políticos como la “casa blanca” de la Primera Dama, la residencia de Malinalco de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, o los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, que en otros países hubieran sido motivos mínimos de renuncias o separaciones del cargo, con o sin Sistema Nacional Anticorrupción.

Así, mientras en México el combate a la corrupción no se convierta en un verdadero compromiso de los fiscales, verdaderamente ajenos a las influencias de los dueños del poder en turno, se podrán seguir creando más y más figuras legales sin que la ley alcance a los grandes protagonistas de la corrupción mexicana.