Aunque no resulte un dato que sorprenda, la cifras hechas públicas recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cantidad de recursos federales que la entidades no han podido comprobar son combustible puro para los señalamientos que acusan ya al gobierno de Manuel Velasco como una de las administraciones más turbias de los últimos años.

De acuerdo a lo publicado por la ASF, Chiapas se ubica actualmente como la tercera entidad federativa que mayores pendientes tiene con la comprobación de recursos federales. La entidad chiapaneca sólo se ubica por debajo de Veracruz y Jalisco, acumulando un total de siete mil 968 millones de pesos que simplemente no aparecen por ningún lado.

Son Manuel Velasco (de Chiapas) y Aristóteles Sandoval (de Jalisco) los dos gobernadores en funciones que mayores irregularidades presentan en el transcurso de sus administraciones. El primer puesto es ocupado ni más ni menos que por el veracruzano Javier Duarte con más de 36 mil millones de pesos cuyo destino no ha sido precisado. Un dato que resulta alarmante tomando en cuenta que mientras Duarte estuvo en funciones lo señalamientos de la ASF no alcanzaron cifras tan altas.

Salud, infraestructura y educación son los rubros en donde se localizaron las principales anomalías. Desde 2012 las advertencias sobre evidentes irregularidades en la administración estatal han sido una constante, sin embargo el silencio de la Secretaría de Hacienda ha sido la única “respuesta” a todo. Se trata de presupuestos millonarios que sí llegaron a Chiapas pera nunca llegaron a sus destinos.

Y los escándalos relacionados con eso sobran. Apenas en agosto de año pasado circuló un audio publicado por la Revista Cambio, en el que se escucha a los ex subsecretarios de la Sedesol Juan Carlos Lastiri Quiroz y Ernesto Nemer Álvarez pactar “proteger” a Manuel Velasco de las observaciones que había realizado la misma Auditoria Superior de la Federación.

La conversación entre Juan Carlos Lastiri, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y Ernesto Nemer, ex Subsecretario de Desarrollo Social, ambos durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, confirmó la impunidad y redes de corrupción que permiten a gobierno estatales como el de Velasco Coello evadir las responsabilidades ante los graves señalamientos.

Como pasar por alto el último escándalo de Rosario Robles Berlanga, sobre el supuesto uso de universidades públicas para comprobar millonarios recursos, en el que Chiapas también resultó inmiscuido. Dentro de la lista de instituciones “beneficiadas” apareció la Universidad Politécnica de Chiapas con un recurso asignado de más de 186 millones de pesos por concepto de “realización de diagnósticos a proyectos”.

Y los casos de irregularidades financieras podrían seguirse enumerando de manera interminable. Las señales de un saqueado evidente a las arcas estatales se han intensificado con el paso del tiempo, colocando a la actual administración en una muy incómoda posición ante un escrutinio público que, aunque al inicio parecía difícil,  ya la coloca como el peor gobierno de los últimos años.