En Chiapas las cifras en materia de inversión a infraestructura educativa simplemente no cuadran. Así lo ha dejado de manifiesto el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto donde, por lo menos en el caso de la entidad chiapaneca, las cifras y la realidad expresan diferencias abismales que apuntan nuevamente a la lastimosa corrupción gubernamental como explicación lógica a los hechos evidentes.
El tema del rezago educativo en Chiapas es un asunto que duele y lastima profundamente por el cúmulo de corruptelas, irregularidades, omisiones e ineficiencias que hoy mantienen a miles de niños, niñas y adolescentes chiapanecos en las peores condiciones educativas. Ese apunta a ser el caso del presupuesto asignado como parte de la ejecución de la tan controversial reforma educativa en la entidad chiapaneca.
Y es que, de acuerdo al informe entregado por Peña Nieto, entre 2014 y junio 2017 en Gobierno Federal ha entregado a Chiapas 948.2 millones de pesos como parte del recurso adicional para la reforma educativa. La entidad gobernada por Manuel Velasco Coello es el cuarto estado que más recursos ha recibido de este rubro, sólo debajo de Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
El Gobierno federal ha repartido 15 mil 777.9 millones de pesos entre los 32 estados de la República como parte de este programa cuyo fin es mejorar la calidad de la educación. De esos 15 mil, casi mil millones han sido para Chiapas. El objetivo específico de dicha partida presupuestal es mejorar las condiciones de las escuelas consideradas de mayor rezago y vulnerabilidad con obras de infraestructura, equipamiento o material didáctico.
De esta forma, a partir del 2016, los programas de “Escuelas de Calidad” y “Escuelas Dignas” se fusionaron con el de la Reforma Educativa, por lo que los respectivos recursos se incluyen en las cifras totales del informe. Se trata de millonarios presupuestos que debieran verse reflejados en el mejoramiento integral de las escuelas. Sin embargo, en la realidad las condiciones de las escuelas en Chiapas no parecen haber mejorado mucho durante los últimos años.
Y no se trata de un caso aislado. A principios del presente año la organización “Mexicanos Primero” hizo público un análisis cuantitativo sobre la situación de la educación en México donde se dio a conocer que en el estado de Chiapas se habrían desviado 143 millones de pesos del dinero destinado a la educación desde el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
La agrupación precisó que, de acuerdo a las últimas auditorias federales, Chiapas y el Estado de México comparten el quinto lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de recursos desviados, tan solo después de Veracruz (483 mdp), Coahuila (285 mdp), Oaxaca (185 mdp) y Sonora (176 mdp). La entidad chiapaneca alcanzó las cifras más alarmantes en la materia, superando a estados como Jalisco y el Estado de México donde la asignación presupuestal es aún mayor.
A lo anterior se suman más de 150 millones de pesos que se adeudan a los docentes de secundarias técnicas. Un monto total que se suma a más de 800 millones de pesos que la Secretaría de Educación simplemente no ha podido comprobar desde los tiempos del ex secretario Ricardo Aguilar Gordillo. Recursos que han quedado en el vacío, silencio y omisión evidente de quienes deberían vigilar y/o denunciar las anomalías latentes.
Las huellas de la corrupción dentro de los presupuestos educativos son cada vez más escandalosas e indignantes. ¿Qué pasó entonces con el recurso asignado en Chiapas como parte de la reforma educativa durante los últimos tres años? ¿Por qué los millonarios presupuestos asignados distan mucho de la realidad en las escuelas? Una investigación profunda a la Secretaría de Educación deberá ser prioridad para la siguiente administración, pues la evidentes anomalías exigen a gritos la inmediata rendición de cuentas… así las cosas.
