El enmarañado que sostiene la impunidad de Juan Sabines Guerrero ha quedado nuevamente de manifiesto tras la multa aplicada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra los diputados federales integrantes de la Subcomisión de Examen Previo quienes, sin explicación, han decidido no dar trámite al juicio político promovido en contra del ex gobernador chiapaneco desde 2013.

El sospechoso comportamiento de los diputados federales ha dejado entrever la red de complicidades que permiten la inmunidad ante la justicia mexicana para ex mandatarios como Sabines Guerrero. Esta vez se trata del juicio promovido por el controversial abogado Horacio Culebro Borrayas, que más de una ocasión ha protagonizado enfrentamientos contra integrantes de las últimas dos administraciones estatales en Chiapas.

El juicio que ahora ha comenzado a llamar la atención de los medios nacionales tiene que ver con una resolución inédita del Poder Judicial contra la comisión legislativa encargada de dar trámite a los juicios políticos promovidos ante el Congreso de la Unión. Es un proceso jurídico que podría desencadenar responsabilidades penales y el desafuero de los diputados involucrados en el presunto desacato.

Fue desde noviembre de  2013 cuando Culebro Borrayas interpuso la solicitud de juicio político en contra de Sabines Guerrero ante la Cámara de Diputados, obteniendo la negativa por parte del legislativo debido a que –según los diputados- Horacio Culebro “No tenía las facultades para promover dicho recursos jurídico y no habían pruebas para su efecto”.

Los anterior dio paso a que el año siguiente se interpusiera el amparo de garantías 34/2014 que finalmente fue concedido a Culebro Borrayas, ordenando a la Subcomisión de Examen Previo dar trámite al juicio de amparo solicitado por cumplir con todas condiciones para proceder. Sin embargo, hasta la fecha el procedimiento ha permanecido congelado.

Desde el 2 de abril de 2014 la Cámara de Diputados se ha hecho acreedora a al menos 10 requerimientos y más de 15 apercibimientos en el marco del cumplimiento de la resolución  del expediente 34/2014, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al abogado Horacio Culebro. Pero nada ha sido suficiente para quebrantar la voluntad de los diputados federales para abrir el juicio contra Sabines Guerrero.

Y no se trata del único caso, según declaraciones de uno de los miembros de la misma comisión legislativa que ha denunciado la opacidad de sus compañeros, el diputado Jorge Triana, actualmente existen otras 300 solicitudes más de juicios políticos contra otros gobernantes y/o servidores públicos que se mantienen detenidos, debido a la obstaculización del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo al mismo Triana, la  subcomisión de Examen Previo, integrada por 14 diputados (siete del PRI), es presidida por los priistas Mercedes del Carmen Guillen Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, quienes se han encargado de obstaculizar el trámite de las solicitudes, desechando y dejando en el archivo a gran parte de estos recursos constitucionales.

Por eso la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resulta importante. Porque más allá de la irrisoria multa de siete mil 500 pesos, expone públicamente esa complicidad en todos los niveles que mantienen en plena impunidad a personajes como Juan Sabines Guerrero. Porque abre la puerta a otras medidas jurídicas o penales contra los obstaculizadores de la justicia misma.

Hablando con honestidad, hoy resulta poco probable ver en corto plazo a Sabines tras las rejas. Sobre todo cuando las redes que lo protegen son tan extensas, pues hasta la fecha, ni los señalamientos o pruebas fehacientes de sus irregularidades han socavado el poder y los vínculos ocultos que lo mantienen en plena tranquilidad, incluso, con cargos diplomáticos que muchos más con menos lastres acuestas quisieran tener.