Todo parece indicar que oficialmente ha comenzado la temporada de “cacería de brujas” para el gobierno de Manuel Velasco Coello. Esta vez ha tocado el turno al controversial líder transportista Bersaín Miranda Borraz, quien hace un mes fuera el orquestador de los bloqueos carreteros y el paro masivo al servicio de transporte público para exigir al gobierno de Chiapas la autorización del incremento al precio del pasaje, que finalmente no se concretó.
Y es que, este jueves, de manera sorpresiva, Miranda Borraz fue detenido por elementos de la Policía Especializada mientras realizaba actividades personales al oriente de la capital chiapaneca. Junto a él fue apresado Franklin Herrera, acusado también de participar en las movilizaciones transportistas que terminaron por generar tremenda confrontación entre los concesionarios del transporte público y el gobierno del estado.
Se trata de un procedimiento aplicado exactamente por la misma instancia judicial que encabezó el desalojo y aprensión de los empresarios en la Torre Chiapas; el mismo Fiscal Especializado en Asuntos Relevantes, Adulfo Chacón Ruiz; y prácticamente las mismas causales: afectaciones a terceros por razones de manifestaciones públicas en zonas bajo diversas “prohibiciones legales”. Y es ahí donde está lo interesante de ambas maniobras jurídicas.
En la detención del “pulpo transportista” resulta sospechoso que la orden de aprehensión se diera casi un mes después de los bloqueos y las manifestaciones, tomando en cuenta que la ubicación del ahora detenido siempre fue detectable. Además de que en el comunicado oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) las causales parecen ambiguas y el origen de la denuncia simplemente no se precisa; entre otros tantos huecos de imprecisiones que saltan a la vista.
Ciertamente Bersaín Miranda Borrás no es un ejemplo de honradez y legalidad. Es, sin duda, la principal figura del monopolio transportista en Chiapas, con varios cientos de concesiones bajo su dominio de manera ilegal. Se ha empoderado como un verdadero cacique del transporte público y de carga, a costa de la corrupción y los favores políticos. Sin embargo, esas no son las razones por las que ahora se encuentra tras las rejas.
A Miranda Borraz se le acusa de Motín; un delito ambiguo y altamente peligroso que ya antes ha costado el encarcelamiento de indígenas y líderes sociales por situaciones tan sencillas como bloquear vías de comunicación a razón de alguna inconformidad contra decisiones gubernamentales. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿Por qué acusarlo entonces de un delito como motín y no por asuntos más graves como las violaciones a la ley de transportes o por corrupción?
La respuesta es sencilla y muy similar a lo sucedido con el tema de las facturas “infladas”. Las maniobras jurídicas del gobierno de Chiapas apuntan a una aplicación de la ley selectiva y/o venganzas proteccionistas. Se ha hecho uso de figuras legales para actuar contra los enemigos políticos, evitando perjudicar a los aliados o funcionarios involucrados en delitos de mayor relevancia que simplemente no pueden ser investigados debido a pactos de “complicidad inviolables”.
Porque abrir una verdadera investigación judicial sobre la autorización de facturas con sobreprecios o el otorgamiento de concesiones ilegales a monopolios transportistas terminaría por fincar responsabilidades directas contra los funcionarios públicos que lo permitieron o solaparon. Funcionarios de alto nivel que hoy gozan de impunidad y evidente protección gubernamental cuando de justicia de trata. Cosa que seguramente no pasara con los delitos ahora utilizados.
Está bien que se actúe contra los personajes que durante años han hecho uso de la ilegalidad y la extorción para amasar su imperio, pero la justicia debe ser integral, no selectiva y proteccionista. Las autoridades deben investigar todos los delitos sin miramientos, incluso esos que inevitablemente abrirán enormes cloacas de corrupción; esos que son intocables para evitar romper acuerdos de impunidad sexenal.
Aplaudir la detención de cualquier persona a causa de delitos relacionados con la manifestación debería provocar los análisis más profundos sobre la aplicación de la ley, porque abre espacio al uso de herramientas jurídicas tramposas como métodos de represalia política, que si bien hoy son instrumentados contra personajes cuestionables, mañana podrían “normalizarse” para ser usadas en contra de cualquiera que simplemente resulte incómodo al gobernante en turno.
