Más allá de las supuestas irregularidades en las facturas entregadas por los integrantes del autodenominado grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), la manera tan mañosa y cobarde en la que fueron desalojados y apresados la madrugada de este jueves por el Gobierno de Chiapas resulta indignante e inadmisible para una entidad regulada por los principios universales de los derechos humanos.

Para ponerle un poco de contexto al tema es importante recordar que desde hace alrededor de una semana y media ECHO mantenía un campamento permanente en la explanada de la Torre Chiapas como medida de protesta para exigir el pago de las presuntas deudas que el Gobierno de Chiapas tiene con alrededor de 200 empresarios locales.

Ya en otras ocasiones los empresarios encabezados por Rafael Jiménez Arrechar se habían manifestado intensamente exponiendo el incumplimiento gubernamental. Para nadie es un secreto que este grupo bastante visible se había vuelto un foco de incomodidad para el propio gobernador Manuel Velasco Coello, a quien ni las reuniones de cabildeo o promesas de pago le resultaron efectivas en la búsqueda de acallarlos.

El desalojo de este jueves por la madrugada se dio sólo unas horas después de que Manuel Velasco diera su mensaje por el cuarto informe de gobierno. Apenas un par de horas después de haberse reunido con personal de la Secretaría de Salud en Chiapas. Esperaron la clandestinidad de la noche para entrar a las instalaciones del complejo administrativo de “Torre Chiapas” a fin de desalojarlos con lujo de violencia y detenerlos como viles delincuentes.

A traición, de manera cobarde y en un evidente abuso de poder gubernamental, no importó si entre los agredidos había mujeres o personas de la tercera edad. La acción de represalia fue clara: sacarlos del complejo, donde por cierto se mantenían las actividades laborales sin alteración, y enviar a prisión a los líderes para sentar precedente en el tema. La misma vieja táctica del miedo ante la irreverencia social.

La propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas admitió ante medios de comunicación que los manifestantes no habían provocado daño material alguno al inmueble. La orden de desalojo se dio bajo el amparo de una artimaña evidentemente tramposa y cínica. Fue la “Sociedad Operadora de la Torre Chiapas” el organismo privado utilizado para legitimar el desalojo y la detención de los empresarios.

El argumento legal usado por el gobierno de Chiapas se ha basado en que el complejo que alberga gran parte de las dependencias públicas en la entidad, incluso el despacho del propio gobernador, está bajo propiedad privada, por lo que cualquier uso “indebido” o “no autorizado por el arrendatario” se configura como un delito. Imagínese usted, resulta que la sociedad privada que renta la Torre Chiapas terminó siendo la mayor inconforme por el plantón empresarial.

Rafael Jiménez Arrechar, junto a cinco empresarios más detenidos, fueron trasladados al penal de “El Amate” por el presunto delito de despojo agravado. Son los arrendatarios de la Torre Chiapas quienes se han encargado de promover los procesos judiciales para desalojar y ahora procesar a los empresarios enemigos de Manuel Velasco Coello. Ni más ni menos. Ese ha sido el cobarde y tramposo artilugio para consumar la revancha gubernamental.

Ayer mismo, de manera sospechosa, las facturas sobre los presuntos cobros inflados por parte de los integrantes de ECHO salieron a la luz inundando las redes sociales, en un evidente afán de contrarrestar la indignación social por el hecho. Pero ese es un asunto que debe abordarse a través de las vías legales correspondientes y no mediante trascendidos que se quedan en la simple informalidad del rumor inverosímil.

Si las “facturas infladas con irregularidades” existen realmente el Gobierno de Chiapas deberá denunciar públicamente y de manera oficial semejante situación. Estará obligado a usar las vías jurídicas correspondientes para simplemente aplicar la ley. No hacer uso de prácticas legaloides mañosas y ventajosas para reprimir las manifestaciones en su contra.

El desalojo acontecido la madrugada de este jueves es inadmisible por las formas en que fue aplicado. No hubo garantías a los derechos humanos y se consumó como un evidente abuso de autoridad que deberá llegar mediante litigios a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las que resulten competentes en la materia. Porque si hoy fueron los manifestantes del sector empresarial ¿mañana quién?