Si ya de por sí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas (CEDH) se había caracterizado en los últimos años por violentar abiertamente los derechos que debería proteger en la ciudadanía, el colmo llegó este lunes cuando de manera arbitraria la Presidencia del organismo decidió apagar los relojes checadores para impedir el registro de ingreso a la plantilla laboral en una evidente violación a los derechos de sus propios trabajadores.

El procedimiento responde a la misma estrategia utilizada por el Gobierno de Chiapas en otras dependencias estatales; a ese mismo proceso de despidos masivos que aún no ha tenido explicación oficial para disipar las dudas y que, en cuestión de dos semanas, ha dejado sin empleo a miles de trabajadores chiapanecos por razones que nada tienen que ver con deficiencias laborales, falta de productividad o carencia de recursos.

La alta posibilidad de que trabajadores con varios años de antigüedad y buen desempeño dentro de la CEDH sean despedidos de manera arbitraria habla abiertamente de la mala situación dentro del organismo, donde el compromiso con la defensa de los derechos humanos por parte de los altos mandos es verdaderamente cuestionable.

El silencio y complicidad con las acciones de Manuel Velasco Coello que ha caracterizado al titular de la CEDH, Juan Oscar Trinidad Palacios, demuestra una falta de autonomía y la inoperatividad real del organismo para cumplir con su verdadera misión de ser un permanente defensor de oficio contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio gobierno de Chiapas.

Porque, aunque Trinidad Palacios se enoje recurrentemente y asegure públicamente que su trabajo no es estar peleado con todos, su responsabilidad legal sí lo obliga a pronunciarse y luchar contra cualquier abuso de autoridad o violación a derechos tan esenciales como a la dignidad humana. No requiere de denuncias o quejas, sino de real compromiso con su investidura, que evidentemente le ha quedado muy grande.

Antes de pensar en recortes laborales arbitrarios, Juan Oscar Trinidad debería ser honesto y reducir el abultado suelto que devenga sin desquitarlo. Y es que, en datos duros, el flamante ombudsman chiapaneco cobra actualmente un sueldo mayor a los 150 mil pesos libres de impuestos y retenciones, con los que bien se podrían pagarse los salarios de más de 10 empleados que trabajan mucho más que el jefe.

Los sueldos de los altos mandos dentro de la CEDH en Chiapas incluso superan a los devengados por titulares de comisiones estatales de derechos humanos como el del Distrito Federal que recibe un salario neto de 119 mil 418 pesos; el de Nuevo León con  95 mil 397 pesos y el del vecino estado de Oaxaca que percibe un salario mensual neto de 68 mil 535 pesos. Ahí es donde deberían estar los verdaderos recortes.

No cabe duda que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no deja de sorprender con las acciones y decisiones tomadas por su titular.  Una lamentable situación que ha convertido a ese organismo en un ejemplo vergonzoso de cómo convertir a una dependencia tan importante en un elefante flaco, dispuesto a convertirse en transgresor de los propios derechos que debería hacer valer.