Como en cada incremento al precio del transporte colectivo los únicos perdedores son los usuarios, esos que siempre terminan absorbiendo los costos de las malas administraciones públicas y las consecuencias inflacionarias. Así es como este lunes despertaron miles de chiapanecos a quienes desde esta semana usar el transporte público les cuesta más.
Y es que, aunque esta vez el incremento al precio del pasaje cuenta con argumentos sólidos para su aplicación, no termina siendo distinto a los anteriores reajustes donde los intereses y derechos de usuario estuvieron siempre ajenos a las negociaciones entre la Secretaría de Transportes y los “pulpos concesionarios”.
Si bien el aumento al costo de la gasolina da justificación irrefutable a la necesidad de reajustes tarifarios, la calidad del servicio en el transporte público continúa siendo un pendiente importante desde hace varios años para los usuarios chiapanecos. Un déficit que las autoridades estatales simplemente no han podido resolver.
Desde aquel cambio de unidades que dio paso al “Conejobus” el transporte público en Chiapas no ha tenido otro proceso de modernización. La calidad del servicio, en la gran mayoría de los casos, sigue siendo deficiente y las unidades no responden todavía a los estándares mínimos de comodidad que se deberían garantizar a cada uno de los usuarios que paga por ese servicio.
Pero no se trata de un tema exclusivo de choferes o concesionarios, responde un asunto de corrupción a mayor profundidad son prácticas enraizadas a las que no ha sido posible eliminar. Aquí es donde la Secretaría de Transportes ha sido evidentemente rebasada y sometida a los intereses particulares de quienes se han apoderado del sistema transportista estatal.
La dependencia estatal está obligada por ley a proteger al usuario y garantizar un servicio de calidad, pero eso ha estado muy lejos de la realidad durante varios años. Por eso la única víctima de los incrementos sigue siendo la población usuaria, obligada a pagar un servicio más caro sin recibir mejoras a cambio. Se trata así de obligar al pago de servicios más costosos por el deficiente servicio de siempre.
Y es que, imagínese usted, según datos de la misma unión de concesionarios, en Chiapas al menos el 60 por ciento de las unidades requieren ya de renovaciones urgentes por el deterioro de sus condiciones físicas. Tuxtla es el municipio de la entidad con la flota de unidades en mejor estado, cosa que no hace imaginarnos la situación del servicio en municipios donde la supervisión de las autoridades estatales es aún más débil.
Urge que durante el transcurso de este año la Secretaría de Transportes en Chiapas se ponga a trabajar en la materia para iniciar de inmediato con un programa de mejora a la calidad del servicio que el transporte público presta en Chiapas, con unidades que en horas picos parecen verdaderos “autos sardina” y las prisas características de los conductores que son causa de accidentes constantes.
El usuario debe ser también protagonista en las negociaciones para los próximos reajustes tarifarios del transporte público, pues no puede seguir siendo un elemento invisible a la hora de concertar los acuerdos que finalmente tendrán impactando directamente en sus bolsillos y sus actividades diarias. Así las cosas.
