Fotografía: CORTESÍA, SIN EMBARGO.
Amigas y amigos, el próximo jueves primero de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto cumplirá su cuarto año de gobierno al frente de la Presidencia de la República, una gestión que ha estado empañada desde escándalos de corrupción hasta actos de violencia que hoy cimbran a un país tocado en su dignidad, que ha perdido la confianza en sus instituciones, y desde luego, en la figura presidencial.
De acuerdo a la consultora Parametría, sólo dos de cada 10 mexicanos aprueban las decisiones de gobierno que ha tomado Enrique Peña Nieto, esta cifra significa el nivel más bajo de aprobación para un mandatario mexicano en los últimos tres sexenios, incluso aún más bajo que el que registró el ex presidente Felipe Calderón en uno de los años más sangrientos que vivió su administración.
La popularidad del presidente de la República, ha sido gravemente disminuida a través de sucesos que han marcado su gobierno, y que ha llevado a la descalificación de su gobierno, de por lo menos un 73% de la población a la que Parametría consultó en esta muestra, en la que, por el contrario, sólo el 22% de un total de mil entrevistas, lo evaluaron en el mes de septiembre de forma positiva.
Las grandes reformas que fueron operadas desde el Pacto por México, con la que el actual gobierno inició su gestión y que, incluso, logró poner al presidente Peña en algunas portadas impresas en el mundo como el gran hombre visionario y transformador de la política mexicana, se opacaron la noche del 26 de septiembre, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Guerrero, sin que hasta ahora el gobierno mexicano aclare públicamente el fin que tuvieron los jóvenes.
En medio de la crisis provocada por la desaparición de los normalistas, y de una situación por demás muy mal manejada por el equipo del presidente Peña, desde el viaje a China, como el intento de carpetazo que hoy tiene en el exilio político al entonces procurador Jesús Murillo Káram, la periodista Carmen Aristegui evidenció uno de los actos de corrupción que involucró a la primera dama, Angélica Rivera, en la adquisición irregular y turbia de una residencia familiar: la casa blanca.
Ello derivó a que el mismo ejecutivo ordenara una investigación que fue conducida desde la Secretaría de Función Pública, con la designación de un secretario a modo, y que concluyó absolviendo de toda culpa a la pareja presidencial.
Después de ello, el 30 de junio del 2014, 21 hombres y una mujer menor de edad, fueron abatidos tras un fallido operativo encabezado por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Tlataya, en el Estado de México, que nuevamente volvió a poner al primer mandatario en el ojo mediático de las críticas.
La segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, del penal federal del Altiplano, las excéntricas y lujosas giras presidenciales por el mundo, e incluso, el estreno de la nueva aeronave presidencial, han terminado por lastimar la más mínima imagen de confianza con la que un presidente debe contar, sobre todo uno que gobierna un país terriblemente lastimado por la disputa de cárteles por el control de territorios.
El derroche de recursos y la inversión de los mismos en acciones que nada tienen que ver con programas sociales que mejoren la calidad de vida de la gente, han tocado la dignidad de un pueblo agraviado por la inseguridad, la pobreza, la falta de empleos, de acceso a una salud de calidad o al de una educación íntegra, son condiciones en las cuáles no debería permitírsele a un presidente invertir tanto en lujosas giras o en servicios aéreos, al menos no a uno que gobierne a más de 40 millones de mexicanos que viven en alguna situación de pobreza.
Y cuando creíamos que lo peor había pasado, que nuestra dignidad no podía agraviarse más, las puertas de Los Pinos fueron abiertas para que el hoy presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, viniera a reafirmar al gobierno y al pueblo mexicano, cada una de sus propuestas de campaña que ubican a nuestro país, como una tierra de delincuentes para el nuevo gobierno republicano.
Ni el más pesimistas de los asesores que rodean al presidente Peña, incluso durante el primer año de gobierno, hubiera pronosticado tan bajos índices de aprobación, hoy la presidencia está perdida y las negociaciones en el exterior, concentradas a preservar el TLCAN, de no hacerlo significará en lo inmediato para México, la peor crisis económica en los últimos cincuenta años.
Faltan aún dos años para concluir el actual mandato presidencial, y a casi un año que comience el proceso electoral para la sucesión presidencial, desde Los Pinos se afinan alianzas y se evalúan escenarios. Algo tienen claro hoy: se sienten perdidos, y el camino tendrá que ser ocupado por quien garantice continuidad, aunque sea desde afuerita o que la corbata o la chalina sean de color azul.
