Terrorismo protegido
Angel Mario Ksheratto
@ksheratto
Lo mismo apalean a un ciudadano indefenso que tiene la mala suerte de estar cerca de ellos, que incendian un edificio, secuestran a funcionarios, asesinan a sus rivales o destruyen propiedad ajena; son intocables, inmunes a la ley. Desde el sexenio pasado, cuando el Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) se fracturó a raíz de profundas diferencias derivadas de intereses económicos y de poder político, el llamado MOCRI-CNPA-EZ, se convirtió en una especie grupo de choque, compuesto por mercenarios violentos, agresivos, impunes.
La arbitrariedad con que esa presunta organización ha actuado, fue patrocinada por el grupo de niñatos que secuestraron las siglas del PRD de 2006 al 2012. Mantener el control de los movimientos sociales, era una urgencia impostergable; inició entonces, el reclutamiento de “líderes sociales” con el objeto de aminorar la protesta como método de exigencia colectiva.
El MOCRI-CNPA-MN, entonces, mantenía una férrea lucha por la liberación de presos políticos caídos durante la dictadura de Pablo Abner Salazar y se negó a ser cooptado por la dirigencia perredista. Pero algunos de sus miembros, cayeron en la red y de inmediato, se constituyeron en un peligroso grupo de choque y ataque que encontró en el gobierno, al mejor aliado y cómplice de las atrocidades que, conforme pasaron los meses y años, se tornó más riesgoso para la estabilidad política y social de los chiapanecos.
Se tenía además, el apremio de sofocar la protesta pacífica, sin comprometer a las fuerzas del orden y sin exponer la credibilidad del gobierno, que temió la repulsa generalizada por posibles excesos del poder. Nada mejor que una “agrupación social” extremista, para aplastar a los opositores y dejar a salvo al gobierno de toda sospecha.
Los radicales del MOCRI-EZ, eran el arma perfecta para mantener a raya a los opositores. Infiltrados en manifestaciones pacíficas, éstos se encargaban de provocar destrozos para que la sociedad dejase de apoyar a los que no estaban de acuerdo con las autoridades. O bien servían para provocar enfrentamientos o para “desalojar” a otros grupos que tenían algo qué reclamar al gobierno.
Los periodistas y los medios de comunicación, no han estado exentos de las brutalidades cometidas por ese grupo, considerado paramilitar por quienes no comulgan con sus métodos. Varios periodistas han sido víctimas de persecución, amenazas, agresiones físicas y verbales, retenciones y robo de equipo. El último acto de salvajismo, lo cometieron contra el periódico Cuarto Poder, cuyas instalaciones y algunas propiedades más, fueron destruidas por la turba de sicarios al servicio de grupos de poder.
Desde que éstos radicalizaron sus acciones, se ha exigido el peso de la ley sobre éstos, pero nada ha sucedido. Cuando un periodista o medio ha resultado agraviado, se ha recurrido a la inútil Fiscalía para la Protección de Periodistas, pero nunca han avanzado las demandas. Su titular, Tito Rubín, se ha limitado a otorgar a los agresores, el tiempo necesario para que la acción de la justicia se diluya con el tiempo.
Todo esto nos arrastra a una preocupación abrumadora: no hay voluntad para defender los derechos de la inmensa mayoría de chiapanecos que no apoyan acciones violentas para presionar al gobierno o a la ciudadanía en general, que requiere urgentemente, devolverse al Estado de Derecho, vulnerado por un grupo claramente delincuencial que busca desestabilizar política y socialmente al estado.
Los últimos acontecimientos violentos ocurridos en Chiapas, tienen el sello característico de violencia del MOCRI-EZ; los ataques a dependencias de gobierno, a un medio de comunicación, el secuestro de funcionarios, la quema de vehículos de particulares, son actos de abierto terrorismo, que no deben ser permitidos en la entidad.
Ninguna autoridad está en condiciones de seguir protegiendo a un grupo paramilitar, con “licencia” para robar, asesinar, despojar, secuestrar y provocar caos. Protegerlos, es darle la espalda al pueblo de Chiapas. Las autoridades los conocen muy bien. Saben dónde viven y a que se dedican. Por lo tanto, obligados están a ir por ellos y someterlos al imperio de la ley. La tontería de anunciar que van a “revisar” los videos de los ataques para identificar a los responsables, es ociosa y torpe. ¡Los conocen y muy bien! Si no, pregúntenle a Alejandro Gamboa, a Mario Carlos Culebro, a Aquiles Espinosa, a Luis Raquel Cal y Mayor… Ellos los conocen de sobra. Es cuestión de poner orden.
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