Artículo Único
Angel Mario Ksheratto
@ksheratto
Confusión ha causado la insinuación del alcalde capitalino en el sentido que no revocaría el contrato a PROACTIVA, empresa a la que, siendo diputado, clausuró simbólicamente a modo de solidaridad con los miles de afectados por la contaminación ambiental que ésta genera. El argumento de Fernando Castellanos Cal y Mayor, es razonable, certero; pero rebatible desde cualquier punto de vista. No porque esté dando traspiés, sino porque las cláusulas originales del contrato entre el Ayuntamiento y esa empresa, son claras y fácilmente revocables.
Castellanos tiene razón al decir que despedir a PROACTIVA en estos momentos, generaría más gastos que beneficios. Reemplazarla significaría tiempo y una inversión que no está al alcance de las arcas municipales, especialmente si recordamos que la anterior administración dejó adeudos escalofriantes.
Sin embargo, en dichas cláusulas se establece que el contrato entre ambas partes, puede ser terminado “por razones de interés general”. ¿Qué más razón que el incumplimiento sistemático de PROACTIVA en las obligaciones que aceptó cumplir y en la práctica desoye? Aquí surge el problema: al rescindir los servicios de esa contaminante empresa, el Ayuntamiento deberá pagar una “indemnización” que con lo hasta ahora invertido, resultaría multimillonaria.
Esto último, en caso que la casación del contrato se diere por razones no imputables a PROACTIVA, argumento que los representantes de ésta han exhibido constantemente para evadir su responsabilidad en el deterioro ambiental que provocan. En informes confidenciales, han argüido que el incumplimiento de sus deberes, se debe a la falta de pago por parte del Ayuntamiento, lo que les ha generado una descapitalización parcial. Perfecto.
Pero, ojo, señor alcalde: una de las razones para invalidar el tratado es fulminante: si la empresa reduce su capital a menos de 38 millones de pesos, deberá ser declarada insolvente para prestar el servicio y por tanto, debe ser despedida. En las declaraciones recientes que han dado pie a éste artículo, Castellanos Cal y Mayor dijo que el adeudo a PROACTIVA, es de más de 120 millones de pesos. Claramente, está descapitalizada y no parcialmente, sino totalmente. Esa es una razón de interés general.
Ahora bien, hemos dicho que derogar el contrato con esa empresa, costaría muchos millones de pesos al erario. La solución es sencillísima. Pruebas hay que en la administración de Samuel Toledo Córdoba Toledo y las seis administraciones municipales antecesoras de éste, hubo ingresos superiores a los tres mil 500 millones de pesos, aparte de los recursos provenientes del Estado y la Federación. Dinero suficiente para pagar las deudas de SMAPA, PROACTIVA, CFE, etc., etc., etc.
Llámese entonces a los seis últimos alcaldes, incluidos los interinos, para que expliquen el destino de esos recursos y, en caso de habérselos robado, que los devuelvan de inmediato para indemnizar a PROACTIVA y que se largue a contaminar a otras partes. Motivos para cumplir con las expectativas de los chiapanecos, hay de sobra. Voluntad, es lo que parece que falta… ¡Y mucha!
Enumero algunas razones fundamentales para no seguir manteniendo a esa empresa: Presta servicios no estipulados en el contrato (en el análisis de la administración recién entrante, la justificante del adeudo es por “lavandería” y “limpieza”); la recolección de basura es irregular e ineficaz. Opera solo con el 60-65 por ciento de sus unidades (el contrato estipula que al reducir un 25 por ciento, se revoca). Se niega a pagar los daños ocasionados a terceros; por el contrario, los amenaza, persigue e intimida. En síntesis, incumple con el 72 por ciento de las cláusulas del contrato.
El mismo alcalde admite en la declaración que hace a los medios de comunicación que PROACTIVA, no tiene completo su parque vehicular y no ha dado capacitación a los empleados. Esas son otras razones para ser despedida de inmediato. Bueno es verla “con lupa”, pero ya es suficiente el daño provocado y como autoridad, su función es velar por el bien de todos, no por las ganancias de una sola empresa.
Me llamó la atención que ahora, diga que la demanda contra PROACTIVA por daños ecológicos, sea “entre particulares”. Perdón, pero es entre la sociedad afectada por los lixiviados y una empresa contaminante. Fernando Castellanos, representa y gobierna a los tuxtlecos y por lo tanto, su obligación es defender los intereses de la ciudad. No hay un solo pretexto para no desechar a una empresa que va contra la salud y los derechos humanos de miles de chiapanecos residentes en Tuxtla. Debe entonces, el alcalde, convocar al Cabildo, invalidar el contrato y solicitar su aprobación al Congreso. No hay otra salida posible. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..
