Angel Mario Ksheratto/Artículo Único
El reclamo fue directo; sin intermediarios, pues: “Desafortunadamente, todavía, muchos alcaldes no logran entender, no logran dimensionar la importancia que es la seguridad en sus municipios”. Ahí estaban la mayoría de los ediles cuyos municipios están siendo severamente golpeados por la delincuencia. Algunos agacharon la cabeza. Otros, ni se inmutaron, como si ya tuviesen bien medida el agua a los camotes. Cinismo, talvez. Valemadrismo o indiferencia. En una de esas, complicidad plena con los delincuentes.
El que jaló orejas, fue nada más y nada menos que el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis LLaven Abarca, visiblemente molesto porque los alcaldes, se han hecho de la vista gorda ante el crimen y han tratado de buscar culpables del incremento de la violencia, señalando a la misma Fiscalía, a la secretaría de Seguridad Pública, a la Marina, al Ejército, a los migrantes, a los ciudadanos de otros estados que, huyendo de la violencia, se han asentado en Chiapas.
Ese mismo día, el alcalde capitalino, Carlos Orsoe Morales Vázquez, culpó a la Fiscalía del incremento de la violencia y minimizó el impacto que ésta ha tenido en Tuxtla Gutiérrez; indiferente, incluso se desligó de su obligación de garantizar la seguridad vial citadina, calificando de “un accidente”, el trágico evento vehicular en el que una niña de tres años, perdió la vida.
Con ello, Morales Vázquez se convirtió en el prototipo del alcalde incompetente, ineficaz y poco comprometido con la ciudadanía. De hecho, no deja de repetir a sus colaboradores que él, ningún compromiso tiene con los tuxtlecos, toda vez que su triunfo electoral, se lo debe al presidente López. Si el alcalde de la ciudad más grande e importante del estado asume una postura frívola, ¿cómo están el resto de éstos?
El mismo Fiscal Llaven, evidenció la falta de interés de los presidentes municipales a asistir a las Mesas de Seguridad. Muy pocos, de acuerdo a lo dicho por el encargado de procurar justicia, atienden las convocatorias; muy pocos, ponen en práctica las estrategias para combatir el crimen.
Y es cierto; solo en Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la criminalidad se ha disparado de manera inusual. En las Mesas de Seguridad, se han puesto estrategias; se ha dispuesto de la fuerza pública estatal y más aún, se ha ofrecido la ayuda de la Marina y el Ejército. Si los alcaldes de esas ciudades —y otras como Palenque, Reforma, Villaflores, Tonalá, Comitán, Ocosingo y Cintalapa, por mencionar solo unas—, aprovecharen esa ayuda, muy probablemente, tendríamos mayor seguridad.
Pero no; en el caso de Tuxtla, solo 19 patrullas son funcionales. En Tapachula, los policías municipales están mal armados y peor entrenados. Ahí mismo, nos cuentan, el mesero que funge como secretario de Seguridad Pública Municipal, utiliza los pocos chalecos antibalas, mientras la tropa, anda desprotegida. Más todavía, la esposa del alcalde Gurría, goza de un convoy de protección policial, en tanto la ciudadanía, está a expensas de los asaltantes.
(Por cierto, en esa ciudad, se han incrementado los grupos opositores que exigen la renuncia de su alcalde, argumentando, entre otras cosas, la inseguridad y la nociva injerencia de la esposa de éste, quien en sus redes sociales, suele burlarse abiertamente de los tapachultecos y su demanda de seguridad. “Es ella la que manda, ordena, grita, decide, impone…”, acusan líderes sociales.)
La seguridad de los chiapanecos, no puede estar en manos irresponsables. En manos de alcaldes ineptos y majaderos. Indiferentes y con poca visión de futuro. Hace bien el Fiscal en regañarles, pero sería un mensaje más contundente, si el propio gobernador se para frente a éstos y les lee la cartilla: o atienden las recomendaciones y trabajan para garantizar la seguridad, o se van. Así de fácil.
La responsabilidad, es de todos; no solo de unos. Y eso lo deben entender. Desoír y permitir que la delincuencia se enraíce más, sería traicionar a la ciudadanía que votó por un cambio, una transformación y está recibiendo más de lo mismo.
Transitorio
Las recientes invasiones de propiedad privada por parte del MOCRI, grupo antisocial extremadamente violento, no son casualidad. Son parte de un plan minuciosamente elaborado para desestabilizar a Chiapas. Pero también, es una prueba de fuego para las autoridades. Los invasores, no están jugando a robar terrenos que no son suyos; están retando al gobierno y eso, es grave.
Quienes están detrás de éstos, son emisarios del pasado inmediato y buscan con ello, recuperar el poder. Lo malo es que no afectan al gobierno, sino a la ciudadanía. Por eso, es urgente una acción oficial contundente.
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