En los últimos meses Chiapas se ha visto envuelto en escándalos jurídicos. En lo que deberían ser procesos de orden institucional ha acechado la sombra de la duda y la judicialización de estos procesos ha sido inevitable, el ambiente se ha tornado de tanta presión y conflicto que lo que antes era completamente normal ha llegado a viciarse a tal grado que han tenido que ser resueltos por los tribunales competentes.
No, no me estoy refiriendo al fallo del TRIFE que este miércoles dio luz verde a Fernando Castellanos Calymayor para contender como candidato a la gubernatura, en un escenario de elecciones es normal que se sigan los procesos usando todas las instancias, de lo que hablaremos en esta ocasión es del proceso de selección a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a principios de este año.
Pero vayamos por etapas, en el antecedente y para poner contexto, es puntual apuntar que esta problemática inició con la elección del académico Juan José Zepeda Bermudez quien fue electo por la comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de una terna en la que también figuraban otros nombres de ciudadanos notables e incluso un periodista.
Lo que vino después es que desde el inicio el proceso de elección fue atacada por un grupo de activistas de los DD.HH identificado con la Organización no gubernamental Fray Bartolomé de las Casas, concretamente ligado a Pedro Raúl López Hernández quien ya le tocó en tiempos de Pablo Salazar Mendiguchía el papel de ombusdman y por cierto no salió tan bien librado.
La principal substancia del amparo promovido por ciudadanos entre los que figura el exconsejero Diego Cadenas Gordillo quien también formaba parte de la terna, basa su argumento en que el haber sido subsecretario de Operación Regional en la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, le impide a Zepeda Bermudez ocupar el puesto de ombusdman.
Es cierto que para una democracia tan frágil como la nuestra el papel de los defensores de los fundamentales derechos debe estar a cargo de personalidades intachables, verdaderos ciudadanos notables que garanticen antes de todo, la confianza de la ciudadanía, porque no es tarea fácil mediar entre el ejercicio del poder con todas las implicaciones que este traiga y la garantía de que el ciudadano de a pie será respetado.
El contexto de nuestro estado además se presta, en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se han dado las más terribles violaciones a los DD.HH que se tiene memoria en el México reciente, no es tarea fácil estar en ese lugar.
Pero aquí, en este momento el asunto pareciera ser otro, de pronto, aprovechando el débil estado de derecho que ha adolecido la entidad en los últimos años, hay grupos profesionales de la desestabilización que han hecho del escándalo y la judicialización de los procesos legales un verdadero negocio, el activismo, visto como un modus vivendi es muy lucrativo, sobre todo cuando se tiene
la posibilidad de bajar recursos de organizaciones internacionales e implementar un verdadero sistema que bien pudiera parecerse a un esquema de chantaje.
Viene al cuento todo este discurso porque el día de ayer circularon los documentos del resolutivo del Poder Judicial de la Federación en dónde se ordena al Congreso del Estado invalidar la designación de Juan José Zepeda Bermudez y en un plazo conveniente asignar un nuevo presidente de la CEDH lo que sin lugar a dudas volverá a calentar el ambiente.
Con las reservas de opinar que hasta cierto punto es sano que se den estos procesos en los que las inconformidades lleguen a ser atendidas por los órganos correspondientes también es grave darnos cuenta de que la medida legal del amparo se está convirtiendo en un arma de chantaje usada a mansalva por grupos con quién sabe qué intereses, aquí tampoco vale echarle toda la culpa al gobierno, las instituciones ciudadanizadas como la CEDH no debieran estar secuestradas por grupos o por intereses de cualquier tipo.
