Cualquier estadista que enfrente una seria crisis financiera y económica, tendría prioridades; emergencias que atender. Programas específicos para superar los escollos. Endeudar al Estado, si es posible, pero sobre prioridades y emergencias. Claro, siempre y cuando, exista una justificación real y la crisis se haya derivado de circunstancias insalvables. Nunca, por ningún pretexto, debe contraer deudas para asuntos innecesarios.

Es lo que sucede en Chiapas. El Ejecutivo enfrenta la peor crisis financiera en muchos años. El endeudamiento de las instituciones es escandaloso, de tal forma que las cobranzas públicas, ocupan espacios importantes en muchos medios de comunicación.

A más, secretarías como la de Salud y Educación, se encuentran desfondadas, sin dinero siquiera para abastecerse de lo más elemental para su supervivencia y con adeudos preocupantes, con el temor a que nunca se paguen. Instituciones como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana o como el Congreso del Estado, sin provisiones para cumplir su función y municipios sin las ministraciones de ley para, por lo menos, contener la exigencia social; para el colmo, los gastos que ha generado el desastre que dejó el terremoto del 7 de septiembre.

Con todo eso, una mayoría —relativa mayoría— de diputados locales, autorizó el endeudamiento del Ejecutivo por casi 130 millones de pesos, ¡para construir un cuartel militar! Éste, según acuerdo previo entre Manuel Velasco y la cúpula castrense del país, costará alrededor de 250 millones de pesos, en una superficie de 60 hectáreas, en el municipio de Chicomuselo.

Mientras muchos sectores de México, ven con buenos ojos la intención de sacar al ejército de la lucha contra los cárteles de la droga y los mismos secretarios de la Defensa, Marina y Fuerza Aérea, piden reglas claras para las funciones militares, en Chiapas, se invierte para reforzar el accionar de éste, independientemente de los motivos “nacionalistas” en que han anclado la defensa del endeudamiento.

¿De qué sirve otro cuartel militar, si los efectivos estarán acuartelados, mientras el trasiego de drogas se de en sus narices? ¿No es mejor invertir en los cuerpos de policía locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Pareciera que el gobierno doméstico, pretende ignorar adrede las funciones del Ejército e intenta dar una falsa apariencia de preocupación por la creciente inseguridad en la entidad.

Si bien la SSyPC, ha logrado algunas transformaciones interesantes en la formación de los elementos policiales (la construcción de un cuartel para 1500 policías con todos los aditamentos para una preparación formal, eficiente y completa de los policías, cuyo costo fue de 150 millones de pesos, por ejemplo), todo ello resulta insuficiente, ante la espiral de violencia que se quintuplicó en los últimos meses.

Resulta incongruente endeudar al Estado, para invertir en una obra militar, cuando el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha insistido en la urgencia de sacar de las calles al ejército y se dediquen, los soldados, a labores estrictamente constitucionales. Si así ha de ser, es la SEDENA, la obligada a liberar recursos para sus cuarteles, y no los estados, aunque, por compromiso moral, tengan ciertas obligaciones y atenciones con los militares.

El endeudamiento aprobado, irresponsablemente, por un grupo de diputados autómatas, es una aberración; un insulto y una grosería que demuestra una vez más, la falta de compromiso con sus representados y prueba que la independencia del Poder Legislativo, está supeditada a caprichos y frivolidades de un solo hombre.

Debieron desechar la petición del Ejecutivo, por no estar apegada a las exigencias de la actual crisis financiera del Estado. Debieron, además, tener en comparecencia a varios secretarios de estado para de ahí, determinar la procedencia de tan abusiva petición. Que expliquen, antes que nada, los motivos de la crisis.

Hay evidencias inatacables de grandes desvíos de recursos y gastos superfluos que han arrastrado a Chiapas a la lipidia. Y no es necesario probarlo con documentos (la mayoría han desaparecido en misteriosos incendios); basta ver la opulencia en que viven ahora, funcionarios del gabinete que antes, no tenían ni dónde caer muertos. Un ejemplo: Ramón Guzmán Leyva, antes fue un editor pobretón de pasquines iletrados y hoy, es dueño de por lo menos, una cuadra de caballos pura sangre.

Endeudarse para construir un cuartel y no para atender verdaderas emergencias, es un exceso inaceptable. Condenable desde el punto de vista que se le quiera ver. Un abuso de poder que tarde o temprano, deberá castigarse. ¿O habrá que dejarlo impune?