En medio de la turbulencia que enfrenta la política nacional, este lunes, los nombres de los dos más recientes exgobernadores de Chiapas reaparecieron nuevamente en la escena pública, mediante escenarios completamente distintos que seguramente darán mucho de qué hablar durante las siguientes semanas.
Por un lado, los rumores sobre el inminente regreso a la política estatal de Pablo Salazar Mendiguchía se han hecho más fuertes. Todo apunta a que será esta misma semana cuando finalmente anuncie el proyecto en el que ha trabajado durante varios meses y haga públicas sus claras intenciones para participar nuevamente en las contiendas políticas locales.
Y es que, aunque Salazar Mendiguchía nunca ha dejado de tener injerencia y/o participación discreta en la política chiapaneca, su regreso a la vida pública se había postergado tras diversos desencuentros con sus sucesores en el cargo... Sin embargo, los tiempos para su temido retorno parecen haberse cumplido ya.
En contraste, el ahora cónsul en Orlando, Florida, ha regresado al escarnio público tras difundirse los resultados de la investigación realizada por la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, que revelan las comprometedoras vinculaciones del gobierno sabinista con la red de empresas fantasmas operadas por el ex gobernador veracruzano, y ahora prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochos.
Los vínculos de corrupción señalan la participación de tres compañías ligadas a la red fantasma de Duarte en la obtención de contratos por más de 118 millones de pesos (entre 2010 y 2012) para participar en la operación del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), mejor conocido como Conejobús.
Desde su lanzamiento, se cedió la operación del Conejobús a las empresas RAVSAN Servicios Múltiples, Comercializadora Pagoli y el Corporativo Lizgar, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraba personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración, mediante la empresa LG Asesores Corporativos SC, que se encargó también del registro legal de la marca Conejobús.
Aunque el contrato tenía vigencia hasta el 2013, una serie de irregularidades detectadas por auditorías internas terminaron por revocar el contrato un año antes del vencimiento; no sin antes entregar a cada una de las empresas los montos de 68 millones 600 mil pesos, 27 millones 850 mil y 22 millones 736 mil pesos, respectivamente. Todo evidente con recursos públicos.
Las tres empresas señaladas se encuentran hoy dentro de los procesos de investigación por los diversos delitos que se persiguen contra el ex gobernador veracruzano. Se trata de empresas a las que se le ha demostrado numerosas irregularidades como el uso de prestanombres y el registro de direcciones fiscales con domicilios abandonados o en colonias de alta marginación donde ni siquiera existen oficinas.
Se trata de importantes detalles que evidentemente se “dejaron pasar por alto” a la hora de consumar los contratos, durante la creación del nuevo sistema transportista. Irregularidades que no sorprenden cuando se sabe de los turbios antecedentes de ambos ex mandatarios estatales a los que seguramente han de relacionar otros tantos vínculos de corrupción aún sin descubrir... Por eso habrá que estar atentos a lo que se viene en medio de un país a río revuelto, donde los reajustes de poder resultan inevitables.
