1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

articulo de Silvano “El periodista es un actor clave para la democracia, 

en algunos casos incluso forjador de la misma,
en tanto que desahoga información en la arena pública
para alimentar la deliberación política”.

Armando Rodríguez Luna


Para Roberto Dahl, existe una mirada sobre la concepción de una democracia ideal y representativa en las sociedades modernas: elecciones libres, limpias y periódicas, libertad de expresión, fuentes de información independientes y libertad de asociación. Por supuesto, añado que todo lo anterior, se realiza a través de instituciones públicas confiables.

Sin embargo, en el caso México, muchas de ellas no se realizan. Una de las amenazas que enfrenta el sistema democrático en México, refiere a la violencia en contra de periodistas y su censura.

Entre los años 2011 y 2012, como parte de un trabajo realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se llevaron a cabo talleres con periodistas, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil y funcionarios, en nueve ciudades del país1 . El trabajo arrojó tres tendencias nacionales que inciden en el trabajo del periodista común. Una de ellas, refiere a que prevalece en México una cultura política del cacicazgo y el autoritarismo, lo cual también se refleja en la relación de control que el poder político establece con los medios de comunicación y los periodistas. Lo anterior se vuelve legal e institucional a través de la publicidad oficial, figura legal que permite destinar recursos públicos para medios de comunicación a nivel estatal. Esta es la forma clásica y no violenta de control de la información a nivel local.

Otro documento, realizado entre 2014 y 2015, publicado y financiado por Freedom House 2, exhibe las condiciones estructurales de riesgo que inhiben la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país, van desde la condición laboral, seguro social, el marco jurídico, hasta condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad física, que corresponde a la justicia. Es sobre este contexto, en donde las amenazas, privaciones ilegales de la libertad, homicidios, abusos de autoridad y robo, en contra de periodistas, se dan de manera frecuente.

Si a ello le sumamos la impunidad existente, 99.75 por ciento de los delitos contra periodistas quedan impunes, de acuerdo con un artículo de Gerardo Cruz Reyes, publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 a agosto de 2016 se integraron 798 averiguaciones previas, que derivaron en 101 consignaciones ante juez (12.65 por ciento), dejando como resultado tan sólo dos sentencias condenatorias (0.25 por ciento).

 

Y es entonces donde el periodista se pregunta ¿ Y si informo, para qué?

La violencia contra periodistas, afecta a la sociedad en su conjunto, toda vez que por cada ilícito cometido en contra de uno de ellos, inhiben su siguiente participación, merman la capacidad de elección, acotan la investigación periodística, suprimen la ética profesional, modifican y pueden extinguir su ejercicio periodístico, y lo más reprobable, permite que ante la falta de información documentada, objetiva, independiente, veraz, la sociedad siga desconociendo la calidad de gobernantes con que cuenta.

En el caso de Chiapas, hace unas horas, una diputada local, del Partido Revolucionario Institucional, demandó por la vía civil a un periodista, argumentando daño moral, por una publicación realizada en días pasados.

La información documentada por el periodista Silvano Bautista, refiere fundamentalmente a las averiguaciones previas que la Procuraduría General del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, tiene en contra de la representante popular. El caso puede considerarse una agresión hacia el periodista en mención, tal y como lo señala el artículo 2º. De la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, al definir la agresión como “el daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.”

Tal aseveración surte efectos, toda vez que por el contrario, la legisladora, -supuestamente- conocedora del marco legal, quien debe ser respetuosa de cumplir y hacer cumplir la norma, pero además, servidora pública del recinto nato de las libertades de expresión, sabe que el daño moral no se actualiza en el caso del periodista. Así lo establecen los ordenamientos, desde los Tratados Internacionales en los que México forma parte, la Carta Fundamental del país, la local del Estado de Chiapas, hasta llegar a su ley específica, el ordenamiento civil del Estado, al establecerlo su artículo Art. 1892 Quinter, que a la letra reza:

 

No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República y 1897 de este Código”.

 

Por ello, concluyo que la violencia hacia periodistas tiene una connotación especial y específica. Dañan el origen de la democracia, lesionan los derechos de la sociedad moderna. Estoy seguro que la democracia entonces es un ideario, pero no por ello inexistente, carente de sustancia. La democracia avanza en diferentes Estados del mundo. En unas de manera más rápida que en otras, en algunas con mejores calificaciones que otras, en muchas con más descalificaciones que otras, pero al final, como ideario, hay que procurar materializarlo, todos los días, desde diferentes trincheras, y con los recursos que se cuenten en el país en el que te encuentres.

 

1 Tijuana, Baja California; Durango, Durango; Chihuahua, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; Oaxaca, Oaxaca; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Ciudad de México.
2 Organización no gubernamental, que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, su sede se encuentra en Washington D.C.