“Avance sobresaliente”, es el calificativo que el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas da a una ley que, por paradójico que resulte, está entre las más opacas en materia de aplicación. Ello, evidentemente, resta confianza y credibilidad al Instituto de Acceso a la Información Pública, cuya titular ha sido severamente cuestionada desde que asumió el cargo, no por agentes externos, sino por los mismos Comisionados, quienes una y otra vez, han exigido alinear discursos con acciones.
Quizá haga falta recordarle a doña Ana Elisa López Coello, los criterios fundamentales de la institución que preside y, por supuesto, de la ley que la rige. Talvez recordarle que “transparencia”, etimológicamente, significa ver con claridad de un lado a otro, sin mácula ni restricción. Es decir, no dejar nada en la oscuridad, salvo aquellas cuestiones que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas en cuanto su privacidad.
La transparencia es un derecho ciudadano y transparentar, una obligación institucional, que se deriva de un mandato constitucional que el IAIP está ignorando deliberadamente, lo cual es inadmisible, principalmente porque en México y en Chiapas, hay un grueso de ciudadanos que exigen un coto definitivo a la corrupción y la impunidad.
La disposición legal de democratizar el uso de los recursos públicos, de informar a la ciudadanía el destino de los impuestos, la rendición de cuentas en general, no debe tener límites y tampoco puede estar al amparo de caprichos personales que atenten contra el desarrollo de un país que se debate en serios problemas de credibilidad.
La institución que encabeza la señora López, es un instrumento público, no un aparato gubernamental para esconder la basura que genera el mal proceder de muchos funcionarios. Por ello, el alegato en su contra en virtud de sus acciones poco transparentes dentro de la misma institución, es válido y su vigencia, se basa en el legítimo deseo de los chiapanecos para tener una fiscalización plena de los funcionarios.
Evitar que un ciudadano grabe las sesiones del Consejo, atenta contra la ley misma que, en el Artículo 2, párrafo III de la referida ley, promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. No es delito ni infringe norma alguna el ciudadano que desee dar a conocer a la opinión pública, el desenvolvimiento de la institución y más, cuando, como todo reglamento institucional de esa índole, especifica que las sesiones deben ser públicas y accesibles.
Por otro lado, está la pública exigencia del comisionado Miguel González Alonso, en el sentido de adoptar medidas de austeridad ante la crisis económica y financiera que ahoga al estado. Es inadmisible que la institución que debe poner el ejemplo en políticas para el ahorro, se niegue a reducir los salarios como una forma de solidarizarse, no solo con el pueblo, sino con el gobierno.
En ese mismo tenor, González Alonso, en diversos textos publicados por distintas vías, ha reclamado a la comisionada presidenta, el despido masivo de trabajadores del IAIP, sin haber pasado la determinación por el pleno, órgano que al parecer y debido a su permanente marginación, se ha convertido en un ente autómata, sumiso e indiferente.
Parece inimaginable que una institución dedicada a transparentar los usos y costumbres de la política y administración pública local, esté bajo un esquema de arbitrariedad y absolutismo. El término “colegiado” a que se refiere la Ley de Transparencia, es, sencillamente, inexistente, lo cual preocupa en extremo, toda vez que esa institución, por el momento, no garantiza los parámetros de honradez que se requieren para el fortalecimiento de una cultura política y administrativa sin corrupción.
Ante ello, la urgencia es que, a la par de una investigación a fondo del actuar de la señora comisionada presidenta, se proceda a una revisión cautelosa de los “avances” (que dudo que los haya) en esa materia. Las denuncias y acusaciones —serias y debidamente fundamentadas— en su contra, no pueden ni deben quedar al aire. Permitir que desde esa institución se cometan tropelías contra la transparencia misma, es admitir que, en ese tema, todo es simulación, engaño y mentiras. Y más, porque hasta hoy, doña Ana Elisa se niega a pasar al pleno la petición de cancelar el pago del servicio de telefonía a cargo del IAIP, la cancelación de vales de gasolina, el no muso de vehículos oficiales para asuntos personales, el ahorro interno, la cancelación de contratos de alimentación, cancelación de plazas de choferes para los comisionados, cancelación del bono de fin de año, supresión de viáticos y cambio de sede del IAIP, en virtud de los onerosos cargos que significa el actual. ¿Transparencia? ¿¡Donde!?
