Representantes y mujeres integrantes de una veintena de organizaciones feministas y de derechos humanos de diferentes regiones, protestaron en Tuxtla Gutiérrez por la falta de medicamentos en la red hospitalaria pública estatal, en el marco de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.
La protesta de decenas de mujeres indígenas y mestizas, que salió del llamado “campamento de la dignidad” conformado por enfermeras del hospital “Rafael Pascacio Gamboa”, que mantuvieron un ayuno de 23 días, se concentró afuera del Congreso Estatal, donde advirtieron sobre los riesgos y las necesidades que enfrentan las comunidades por la falta de servicios médicos en los hospitales, clínicas y casas de salud en el territorio estatal.
Precedidas de mantas y pancartas alusivas, las inconformes aseguraron que los padecimientos y las demandas de personas y familias evidencian los problemas por “la crisis” derivada de la falta de medicamentos, equipos, materiales de curación y personal de salud en el medio urbano y rural.
A las carencias se suman la marginación y la pobreza generalizada, la distancia a los centros de salud, el encarecimiento de los medicamentos y los costos inaccesibles de los tratamientos de ciertas enfermedades, como diversos tipos de cáncer.
Las manifestantes agremiadas en organizaciones como El Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer en Palenque, denunciaron que Chiapas tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país.
El riesgo de morir antes de un año de vida es mayor entre los niños que habitan en regiones indígenas, debido a la falta de acceso a la salud, la pobreza y el rezago educativo.
En el documento “Violencia contra las mujeres por crisis de salud en Chiapas” establecieron que en 2011 se calculó que más un millón de chiapanecos no tenían acceso a los servicios de salud, la mortalidad infantil oscilaba en el 28% por cada mil nacidos, con tan sólo 8.4 médicos y 13 enfermeras por cada 10 mil habitantes.
Por tanto exigieron que el gobierno estatal cumpla con la obligación de garantizar el derecho a la salud y la vida, por los riesgos que conlleva el período de calor y de lluvias.
Y precisaron que algunas de las demandas y los riegos generalizados en las regiones, son los brotes epidémicos, que no se controlan ni previenen, de varicela, hepatitis, tifoidea, diarreas, tuberculosis, brotes infantiles y maternas.
Pero también los decesos por muerte materna y cáncer cérvico uterino, que son equiparables “al feminicidio por no atender de manera puntual y urgente los signos de alerta; en el medio rural son más frecuentes las hemorragias del embarazo, parto y puerperio. “Son defunciones que podrían evitarse se ampliara el acceso a la atención médica”, sostuvieron.
Prevalece también el desconocimiento de la norma 46 para atender casos de violencia contra las mujeres como parte de las medidas ordenadas en la declaratoria de alerta de violencia de género en Chiapas, que incluye la petición de instalar una mesa de salud urgente para atender el problema.
En la marcha estuvieron también representantes e integrantes y se tuvo el respaldo de la Red Mesoamericana, Mujer, Salud y Migración, Semilla del Sur, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar.
La protesta fue acompañada por las enfermeras María de Jesús Espinosa de los Santos y María Isidra Orozco Sánchez, quienes participaron en la primera huelga de hambre, del 3 al 12 de abril, en demanda de reinstalación laboral , pago a proveedores, cuotas de vivienda y abasto de medicamentos, entre otros.
