Aunque la mayoría de los casos queden entre el anonimato, la indiferencia y la casi “normalidad” que provoca su alta incidencia, la trata de blancas es un delito que sigue atormentando la vida de miles de personas a lo largo del territorio mexicano, con más de dos mil 800 casos oficiales a nivel nacional, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y La cifra puede resultar realmente muy conservadora, tomando en cuenta que se trata sólo de los casos denunciados ante las procuradurías estatales, por lo que la realidad seguramente está muy por encima de las estadísticas; de esos números oficiales que representan, según los expertos, sólo un 30 o 40 por ciento de las víctimas reales.
En esta problemática Chiapas no ofrece buenos escenarios. La entidad se coloca como el estado del país con la segunda mayor incidencia de casos denunciados, sólo por debajo de Puebla que se ubica a la cabeza nacional con el mayor número de averiguaciones previas iniciadas por los delitos de explotación sexual, tráfico de mujeres y niños, con 375 casos.
Pero la entidad chiapaneca tampoco se encuentra muy lejos. Chiapas contabiliza un total de 315 denuncias por ese mismo tipo de delitos; sin embargo, aquí los niveles de impunidad y omisión son mayores. Las condiciones fronterizas y el vacío de seguridad en zonas de alta incidencia son tierra fértil para la explotación sexual sin controles, sin diagnósticos verdaderos de la situación.
A nivel nacional, de un de un total de 2 mil 843 víctimas, 87.9% son mexicanas y 8.4% extranjeras; 93.4% son mujeres y 6.1% hombres; el 26.5% son menores de edad y 71.7% mayores de edad y el 3.2% no se identificó edad. En Chiapas el número de extranjeras sometidas a ese trabajo sexual se dispara drásticamente alcanzado casi el 50 por ciento de la incidencia.
Integrantes de organizaciones como “Mujeres por la Superación de Tapachula” se han manifestado una y otra vez en esa misma ciudad para exigir a las autoridades “visibilizar la problemática” y crear programas integrales que verdaderamente combatan dicho delito. Además han denunciado hasta el cansancio la falta indicadores medibles y un diagnóstico real del problema, pero nada parece cambiar al respecto.
De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el país entero no muestra avances significativos por lo menos desde 2011, año a partir del cual se cuenta con información relativa a la actuación que las autoridades federales y estatales ha tenido en la materia.
Frente a este lamentable panorama no queda más que exigir a las autoridades menos discursos y más acciones contundentes. De nada les sirve a las miles de personas explotadas las buenas intenciones gubernamentales si no se hace un trabajo verdaderamente comprometido para desarticular a las bandas delincuenciales, mejorar los procesos jurídicos y de investigación; pero sobre todo, combatir la corrupción judicial que se sustenta como principal cómplice de este y muchos delitos más.
