Y finalmente este fin de semana, en la Ciudad de México, se realizó la última de las denominadas “marchas por la familia” que transcurrieron con más pena que gloria ante la falta de verdadero impacto social y las cuantiosas pruebas que evidenciaron el claro desconocimiento de sus participantes respecto a las razones solidas que motivaron dichas movilizaciones.
Este conjunto de marchas multitudinarias programadas para el mes de septiembre, promovidas y patrocinadas por la Arquidiócesis Primada de México, los partidos de ultraderecha y empresas conservadoras del país, por fin concluyeron con resultados menos favorables que los esperados de inicio por la iglesia católica.
Más allá del nutrido número de feligreses devotos que asistieron a las movilizaciones, el aporte real de las mal llamadas “marchas por la familia” fue su uso efectivo como elemento de medición a la reacción social respecto al tema. Y parece ser ahí donde los grupos promotores tuvieron sus mayores sorpresas, poco favorables.
En un país que (en teoría) se asume 80 por ciento católico, la convocatoria de la iglesia romana y apostólica evidentemente vivió uno de sus peores fracasos. Aunque numerosas por lógica, en las principales ciudades del país las marchas “anti gay” no alcanzaron en cifras a la cantidad de personas movilizadas por otras demandas sociales.
Mediáticamente la tendencia respecto al tema fue aplastante. Los medios de comunicación, en su mayoría, prestaron poca importancia a las movilizaciones religiosas y se aventuraron en la promoción de campañas a favor del respeto a la diversidad. Lo mismo sucedió con una buena parte de los líderes de opinión donde las críticas a las “marchas anti gais” fueron duras e implacables.
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, organizaciones civiles y otros organismos promotores de la defensa de los derechos humanos fijaron posturas inmediatas ante el gravoso silencio de la Secretaría de Gobernación que decidió simplemente darle la vuelta al tema.
Pero la reacción más destacable vino precisamente de la sociedad civil pura, ajena a organizaciones o estructuras religiosas. Ahí fue donde los posicionamientos masivos dieron los más importantes respiros de alivio a un país necesitado de tolerancia, respeto y justicia, donde las instituciones de control dogmático como la iglesia finalmente sean colocadas en el lugar donde siempre debieron estar: en el límite de lo privado.
El fracaso de las marchas “de fomento a la discriminación por orientación sexual” dejó de manifiesto la existencia en México de una iglesia católica mermada, desacreditada y llena de cuestionamientos sobre sus procedimientos. Una iglesia católica con bastiones disminuidos, estancada en preceptos y normas divinas que fueron escritas antes de su misma existencia e incluso se contraponen a su discurso de odio.
Y después de tanta movilización irrelevante para el estado de Derecho en México nada pasó ni pasará. Los derechos igualitarios seguirán siendo pauta para las leyes vigentes y las que se habrán de reformarse, con a sin la venia de los grupos religiosos. Son derechos reconocidos que no tienen reversa y deberán aplicarse más temprano que tarde. Ya la iglesia sabrá si adaptarse nuevamente a los tiempos y aceptar las consecuencias lógicas de su fundamentalismo arcaico.
