La desesperación lógica de algunos padres de familias por que sus hijos inicien el nuevo ciclo escolar y no pierdan más días de clase no puede ser atribuible exclusivamente al paro magisterial, tiene sus principales responsables en la Secretaría de Educación federal y los orquestadores de la aprobación y aplicación por la fuerza de una reforma carente de consensos y realidad social.
Durante los últimos días las imágenes de padres de familia y/o niños estudiantes reabriendo escuelas por su propia mano se han vuelto la nota recurrente. La falta de acuerdos y soluciones efectivas han desatado la desesperación de muchos que desde hace alrededor de 100 días sólo observan como la inefectividad de quienes deberían garantizar la paz y estabilidad social amenaza la continuidad educativa de sus hijos.
Y es que más allá de la supuesta operación política de algunos serviles al régimen para movilizar a los padres de familia en contra del magisterio, lo cierto es que la problemática se ha prolongado más allá de los tiempos calculados, con consecuencias no previstas como el uso de medios de comunicación públicos o la intervención de escuelas privadas para atender a los estudiantes sin clases.
La capacidad de las autoridades negociadoras en Chiapas está evidentemente rebasada. Ya queda muy poco campo de acción resolutoria por la vía de los acuerdos, ante la negativa de someter a la tan conflictiva reforma educativa a modificaciones de fondo. Si la reforma no es tema de negociación, evidentemente no existe siquiera punto de debate o acuerdos sobre la mesa.
Responsabilizar de la imposibilidad para reactivar las clases a los docentes resulta contrariamente irresponsable. Es la Secretaría de Educación, pero sobre todo la Secretaría de Gobernación, la encargada de atender y resolver conflictos para evitar que los daños colaterales se vuelvan incontrolables. Aquí es donde resulta evidente que el desempeño ha sido ineficiente.
Osorio Chong y el gobierno de Enrique Peña Nieto, arropados por sus serviles en las diferentes entidades del país, han preferido sacrificar a los miles de niños y niñas estudiantes con tal de evitar una derrota exclusivamente política. Han ponderado la protección de su arbitraria reforma educativa sobre la normalización del ciclo escolar en miles de escuelas mexicanas.
Y no se trata de satanizar a la nueva ley educativa, sino de admitir que la convulsión vivida actualmente es consecuencia de una reforma configurada mal desde su nacimiento. No hubo consulta con los sectores involucrados y se laceraron derechos laborales, sin olvidar los peligrosos huecos en los modelos de evaluación docente.
Exigir que el magisterio regrese a las aulas es exactamente lo mismo que demandar su rendición inmediata. La estrategia del gobierno para apelar a esa parte derrotistas y conformista del mexicano parece estar rindiendo los frutos esperados. Así es como, fuera de toda lógica, ahora algunos padres de familia han decidido confrontar al huelguista en lugar de exigir “al patrón” garantizar las condiciones para que el empleado pueda realizar trabajo en conformidad.
Bajo esta lógica desatada por la desesperación, desde ahora ningún empleado que trabaje en alguna institución de servicio básico podría tener la posibilidad de recurrir a la huelga ante cualquier arbitrariedad patronal, porque él sería el responsable (y no la institución) de cualquier afectación al derecho de terceros. Sin duda, resulta un argumento muy cómodo para quienes desde arriba se “joden” a quienes trabajan directamente con la ciudadanía que ahora exige el sacrificio de sus iguales para no ser afectados.
