La complejidad del caso Proactiva en Tuxtla Gutiérrez es mucho más densa de lo que pareciera a simple vista. Los ventajosos amarres contractuales solapados sospechosamente por los operadores de Juan Sabines Guerrero y los poderosos intereses políticos que hoy se ciernen sobre la empresa parecen haber sentenciado a la capital chiapaneca a soportar el cumplimiento final del plazo completo fijado para la concesión.
El caso Proactiva es, sin duda, una de las herencias más escabrosas dejadas por los gobiernos sabinitas del pasado. Llegó a Tuxtla con la promesa de modernizar por completo el sistema de aseo público, recolección y tratamiento de residuos urbanos en la capital chiapaneca, pero también como un jugoso negocio para los socios locales que de manera discrecional se encargaron de negociar y pactar el millonario contrato.
Proactiva Medio Ambiente es una empresa de presencia nacional e internacional que funciona bajo la modalidad de sociedades corporativas, con un propietario como accionista mayoritario y socios minoritarios que participan de manera directa en los proyectos locales, como es el caso de Proactiva Tuxtla. Ahí es donde estuvo el negocio para los inversionistas chiapanecos (hasta hoy anónimos) que se encargaron de traer a la empresa, negociar y entregar la concesión.
Con todo y la supuesta participación de Transparencia Mexicana, como organismo cómplice para solapar el acto protocolario, finalmente el 15 de junio de 2006 el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la presidenta municipal interina Rosario Pariente Gavito, consumó el Contrato de Prestación de Servicios bajo condiciones de evidente desventaja para el municipio tuxtleco. Fue un asunto previamente negociado y priorizado por el entonces ex alcalde Juan Sabines Guerrero.
De ese momento los detalles del contrato fueron guardados en el más profundo de los hermetismos. Se trataba de un contratado a todas luces desproporcionado por un plazo de 20 años y un pago de 11 millones de pesos mensuales, además de una multa por rescindir el contrato de manera anticipada que asciende a casi mil millones de pesos que el municipio de Tuxtla Gutiérrez deberá pagar por conceptos de reposición de la inversión inicial y la adjudicación de los bienes muebles e inmuebles. Muy distinto a los contratos hechos con ciudades (más pobladas) como Veracruz o Mérida donde el pago mensual no rebasa los cuatro y nueve millones de pesos mensuales, respectivamente.
Es decir que, aunque se le hayan pagado los servicios a Proactiva por más de la mitad del contrato estipulado, el ayuntamiento en funciones está obligado a pagar prácticamente todos los gastos hechos por la empresa, que finalmente (en cualquiera de las circunstancias) nunca perdería. Por eso las aseveraciones generalizadas que hablan de un negociazo redondo, avalado por el gobierno de Rosario Pariente, bajo la directriz de Juan Sabines Guerrero y el entonces tesorero municipal Jaime Valls Esponda, quien, paradójicamente, poco tiempo después heredara la presidencia municipal.
Por eso la revocación del contrato resulta un tema menos sencillo de lo que aparenta, pero las cosas parecen haberse complicado aún más. Y es que, en diciembre de 2015 los intereses poderosos sobre la empresa dieron un giro. La entonces socia mayoritaria, ICA, vendió sus acciones al empresario Fernando Chico Pardo, conocido por servir de manera directa a los intereses empresariales, nada más y nada menos que, del hombre más rico de México, Carlos Slim.
Hasta la fecha los nombres de los socios locales, precisados en los anexos del contrato, permanecen en el mayor de los anonimatos. Ni las solicitudes de trasparencia han sido efectivas para hacerlos públicos. El propio contrato así lo determinó de manera por demás “conveniente”. Sin embargo, las filtraciones extraoficiales se han encargado de esparcir lo que parece obvio: la presencia de Sabines Guerrero, Valls Esponda y Pariente Gavito o personajes ligados a ellos entre los posibles involucrados.
Hoy la única salida que se avizora factible para lograr contrarrestar las deficiencias operativas de la empresa apunta directamente a la clausura por daño ambiental. Ahí es donde el trabajo de defensa hecho por Héctor Montesinos Cano durante los últimos años se convierte en pieza clave. La contaminación y afectaciones al entorno están ampliamente documentadas y llenas de argumentos sólidos para exigir el fin de las operaciones del relleno sanitario, con todo y as multas correspondientes.
Hacia allá deben enfilarse los esfuerzos de quienes hoy buscan revertir los daños provocados por Proactiva y ahora parecen estar “atados de manos” para proceder en su contra. Tuxtla requiere de sistemas de calidad en materia de recolección y tratamiento de residuos urbanos, pero jamás a costa de daños a terceros, devastación ambiental y, mucho menos, el enriquecimiento ventajoso de unos cuantos… así las cosas.
