“Las autoridades no tienen verdaderas políticas migratorias y mucho menos, estrategias para la protección al menor migrante que, sorprendentemente, cada vez más, viajan sin acompañamiento de un adulto; todo ello ha degenerado en trata de personas, prostitución infantil y turismo sexual, principalmente en la ruta del migrante hacia Estados Unidos”, me dijo la última vez que hablamos, a principios de éste año, a propósito de las constantes denuncias de abusos cometidos contra migrantes en la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala.
Ya antes, durante su encargo como Cónsul de Honduras en Tapachula, habíamos intercambiado datos sobre los excesos de los agentes del Instituto Nacional de Migración que incluía vejaciones, amenazas, maltrato físico y emocional, extorsiones, violaciones, detenciones arbitrarias e incluso, desapariciones forzadas que nadie ha querido investigar.
A Patricia Yamileth Villamil Perdomo, le preocupaba el tema migratorio, pero más, las condiciones en que viajaban miles de mujeres menores de edad que, al no poder saltar las casetas migratorias en territorio chiapaneco, eran retenidas hasta que, por fin, las colocaban en bares y cantinas, donde eran (y siguen siendo) explotadas sexualmente.
Me contó alguna vez el caso de Jazmín (nombre ficticio), una chica de su país que buscó ayuda en el Consulado. Dos años antes, agentes del INM la detuvieron en la caseta migratoria de Huehuetán. Tenía entonces, 13 años. Un agente le propuso una relación amorosa para “salvarla” del encarcelamiento y posterior deportación. Ella aceptó, por temor. Durante los dos años siguientes, sin embargo, fue obligada a trabajar para una madrota que, en los primeros meses, la dejaba encadenada dentro de un cuarto para evitar su fuga.
Cuando por fin tuvo valor y oportunidad para buscar ayuda, Jazmín era un desecho humano. “Tenía casi todas las enfermedades de transmisión sexual, aparte de llagas e infecciones provocadas por heridas no tratadas”, aseguró entonces Villamil Perdomo. Del hospital a donde fue llevada para su tratamiento, Yazmín desapareció. Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por familiares, la sacaron y nunca más se supo de ella.
Las cifras que la diplomática poseía, eran escalofriantes: casi un millar de hondureñas eran obligadas a prostituirse en la zona fronteriza con Guatemala, con la anuencia de autoridades federales y estatales. De ése número, cerca de seiscientas oscilaban entre los 13 y 17 años. Sus constantes denuncias y organización de foros para poner el tema en la agenda institucional, le valió su expulsión del servicio exterior de su país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación de México, en tiempos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, solicitaron al gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, su remoción. Aunque el gobierno hondureño argumentó razones sin importancia, Patricia Villamil, confió a algunos allegados suyos que su contraparte en realidad, la acusó ante su gobierno de “interferir” en asuntos internos.
Sus denuncias derribaron muchos negocios redondos. Los ingresos por prostitución en ciudades como Tapachula, Huixtla, Mazatán, Tonalá y Comitán, reveló, “es de cerca de 300 millones mensuales, de los cuales, un 45 por ciento, se utiliza para el pago de sobornos a ciertas autoridades y retribuciones por facilitar personal”. Los beneficiados eran principalmente, agentes del INM, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal e incluso, diputados y alcaldes de las regiones involucradas.
A Patricia Villamil Perdomo, la encontraron muerta el domingo pasado en su casa en el departamento de Cortés, al norte de Tegucigalpa. Por su activismo a favor de los migrantes y las mujeres, había recibido amenazas de muerte de diversos sectores que no compartían su lucha. Y de grupos que veían afectadas sus ganancias con la trata de personas y la prostitución infantil, temas en los que las instituciones, apenas si los tocan como referencia.
“Los foros son solo para las fotos; nada concreto, nada sustancial. Las víctimas ahí siguen. Solo se les utiliza para justificar viáticos e ir a turistear. Se han hecho propuestas realizables a los gobiernos del área —principalmente del polígono norte de Centro América: Honduras, Guatemala, El Salvador y México—, pero todo ha quedado en buenas intenciones. Nuestras niñas y niños siguen siendo violentados, esclavizados”, comentó esa ocasión en la que externó su esperanza de alguna vez, exponer ese tema ante la OEA o la ONU.
Ya no le dio tiempo. La muerte le alcanzo en circunstancias poco claras; tanto el gobierno hondureño como los medios de ese país, han minimizado su asesinato, como ocurrió con la muerte de Berta Cáceres, la ambientalista que sometió a grandes consorcios invasores. Descanse en paz, Paty Villamil.
