Hace unos días, el dirigente de MORENA, en gira por los Estados Unidos, lanzó una advertencia peculiar: demandaría al presidente de ese país ante la ONU, si el gobierno de Peña Nieto, no lo hace. La idea es buena; suena interesante y debe, además, ser tomada en cuenta y muy en serio… Obviamente, por el gobierno federal, cuyo delegado ante esa instancia internacional, es el único con las facultades plenipotenciarias para interponer cualquier queja, demanda o reclamación ante el Pleno de dicha organización.
Argumentos para demandar a aquel país, sobran, tanto en el plano institucional, como en el estrictamente personal. Y no solo ante la Organización de las Naciones Unidas, sino también ante la Corte Penal Internacional de La Haya, cuyas resoluciones en contra de EE.UU, ya tuvieron efecto positivo, por ejemplo, en el caso de una demanda nicaragüense, en 1986.
Desmenucemos el asunto: Donald Trump ha firmado decretos unipersonales para afectar intereses de ciudadanos de otros países radicados en el suyo. Lo ha hecho al margen de las leyes internas y contraviniendo disposiciones internacionales que protegen los derechos universales.
Sobre esa base, debe demandársele penalmente ante la CPI por genocidio; el Estatuto de Roma que rige a dicha Corte establece que comete el delito de genocidio quien someta intencionalmente a un grupo o grupos de personas “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. El trauma ocasionado a miles de personas por las amenazas de deportación masiva, causa los efectos nocivos a que se refiere el párrafo anterior.
Otra causal clara para llevar el procedimiento contra Donald Trump, es el “Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”. A raíz de las disposiciones unilaterales del jefe de estado gringo, miles de niños estarían forzados a quedarse sin sus padres, al sufrir éstos la deportación anunciada.
De hecho, la deportación o traslado forzoso al que se refiere el Estatuto de Roma, es considerado como delito De lesa Humanidad y, de acuerdo al catálogo de sanciones, es uno de los más castigos más severos que esa Corte impone. Igualmente, la “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, es otra causa por la que el presidente estadounidense debe ser enjuiciado, toda vez que el protocolo impuesto para las personas deportadas, incluye prisión, aun cuando éstas, no han cometido delito alguno. Y más, porque muchos que están en éste momento bajo ese régimen, tienen su documentación en regla.
En el inciso “h” del artículo 7 del citado Estatuto se lee: “ (… se entenderá por crimen de lesa humanidad…) (la) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte…” Nada más claro para tener elementos procesales justificados y contundentes.
Si revisamos exhaustivamente la lista de delitos considerados graves por La Corte de La Haya y que son claramente punibles, encontramos que éstas, es larga y el señor Trump, los está cometiendo en arbitraria flagrancia e impunidad absolutista.
Comete, entre muchos otros, el crimen del “apartheid”, de “exterminio”, al negar alimentos y medicinas a los ciudadanos no nacidos en Estados Unidos; “desplazamiento forzado” al obligar a millones de personas a cambiar su residencia para evitar la deportación. “Persecución”, “terrorismo de Estado”, en fin. No tendría escapatoria.
Todo, por supuesto, se haría cumpliendo los protocolos de denuncia y reclamación correspondientes. No es tan fácil como lo dice López Obrador. La ONU y la Corte, no son la Tribuna del Congreso de la Unión que es asaltada a cada rato por los diputados, ni es cualquier alcaldía de Chiapas a la que le prenden fuego un día de tantos. No es complicado, pero sí complejo, asunto que deben entender quienes, en aras del populismo extremo, buscan quedar bien diciendo disparates. A propósito, ¿ya habrá leído los artículos del 39 al 44 de la Carta de las Naciones Unidas? Buena la intención, mala la estrategia. Bueno el consejo, pésima la amenaza.
Por cierto, México tiene todo el derecho de demandar a USA ante la ONU, puesto que paga entre 852 millones 211 mil pesos y, mil 55 millones 60 mil pesos en cuotas obligatorias para la manutención de ése organismo. Que lo desquiten, entonces.
